La asambleísta de representación nacional y vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud, Diana Blacio, presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es fortalecer la inclusión, garantizar la plena autonomía y armonizar la normativa con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución de la República.
La legisladora señaló que la iniciativa busca actualizar, ampliar y fortalecer el marco legal vigente, articulando esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y la academia, con el fin de construir un Ecuador con equidad, justicia social y salud integral para todos, con especial énfasis en la población más vulnerable.
Blacio destacó la importancia de esta reforma para este grupo vulnerable de la población, con el cual ha dialogado y trabajado de manera constante. En ese sentido, indicó que es fundamental considerar que niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores con discapacidad tienen necesidades diferentes.
El proyecto incorpora el principio de intergeneracionalidad, obligando al Estado a reconocer las necesidades particulares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y a garantizar que la atención en salud, educación y deporte sea diferenciada y adecuada a cada etapa y ciclo de vida.
Asimismo, explicó que la propuesta fortalece la rehabilitación integral con un enfoque que garantice procesos dignos y continuos. Además, contempla la certificación del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) para evaluar a los animales que asisten a las personas con discapacidad.
La reforma también impulsa el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad a través del deporte, promoviendo la atención temprana. “La atención temprana y prioritaria es fundamental para la salud, la rehabilitación y el acompañamiento de las familias que requieren apoyo”, precisó.
La propuesta de ley que contiene 8 artículos se orienta por los enfoques de inclusión, derechos humanos, igualdad sustantiva, género, interculturalidad, intergeneracionalidad y no discriminación, garantizando las condiciones necesarias para la autonomía, la participación y una vida digna de las personas con discapacidad. La normativa ampara a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional, así como a quienes intervienen en su cuidado, acompañamiento y ejercicio de derechos.
Plantea que las medidas, planes y programas de prevención de la discapacidad deberán adoptarse considerando los factores de riesgo prevalentes en el país, tales como: enfermedades agudas y crónicas; lesiones y enfermedades laborales; accidentes de tránsito y de diversa naturaleza.
Asimismo, incluye factores como la violencia intrafamiliar, de género y comunitaria; la contaminación ambiental y los problemas de calidad del aire y del agua; el consumo problemático de alcohol, tabaco y otras sustancias; la malnutrición, los desórdenes nutricionales y la deficiente salud materno-infantil; el estrés y las afectaciones psicosociales; el maltrato infantil y otras vulneraciones de derechos.
RSA
