Tras la explicación técnico-legal del equipo asesor, la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por la legisladora Janina Rizzo, aprobó con seis votos el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico integral para el fomento, desarrollo, regulación, promoción, comercialización y sostenibilidad de las cadenas productivas y de los productos agropecuarios del país, en el ámbito de las competencias del ente rector del sector agropecuario.
En el documento se concluye que la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario constituye un instrumento jurídico integral y estratégico para dinamizar y fortalecer el sector agropecuario ecuatoriano, en atención a los imperativos constitucionales de soberanía y seguridad alimentaria. Su aprobación resulta fundamental para superar las limitaciones estructurales actuales, como la dispersión normativa, el insuficiente acceso a recursos productivos y los problemas derivados de prácticas productivas no sostenibles.
La propuesta establece un marco normativo actualizado que integra la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento institucional, además de fomentar la resiliencia productiva mediante un enfoque multidimensional que incluye la promoción de la agroecología y la conservación de la agrobiodiversidad. Asimismo, garantiza una planificación coordinada y eficiente orientada a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental del sector agropecuario nacional.
La viabilidad constitucional, técnica e institucional del proyecto se encuentra debidamente sustentada, en cumplimiento de los principios de calidad normativa, coherencia legislativa y participación multisectorial, elementos que aseguran el adecuado cumplimiento de los objetivos planteados. La no aprobación de esta normativa implicaría la persistencia de vacíos legales, afectaciones a la productividad de pequeños y medianos productores y un mayor riesgo para la seguridad alimentaria y ambiental, con impactos negativos en la estabilidad económica rural.
Durante el análisis, el asambleísta Luis Fernando Molina señaló que uno de los temas más relevantes ha sido el establecimiento de precios justos para la leche y otros productos. En ese sentido, consideró necesario analizar artículo por artículo la estructura institucional que debería contemplar la ley para la aplicación de precios justos, así como la metodología, la definición de categorías y las instancias responsables de su implementación.
Por su parte, el parlamentario Guillermo Báez remarcó que la ley debe construirse pensando en la protección de quienes trabajan la tierra, enfocándose en los problemas estructurales que enfrentan los productores a diario, como la falta de políticas públicas institucionales, la insuficiente asignación de recursos, la carencia de apoyo técnico y los altos costos de producción, especialmente en insumos, fertilizantes, semillas y transporte.
RSA
