La Comisión de Desarrollo Económico avanzó en el tratamiento del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, previo a la elaboración del Informe para primer debate, con la comparecencia de representantes del sector comercial, gastronómico y de tenderos del país, quienes expusieron los impactos económicos de la actual regulación de la ley seca y respaldaron la propuesta de reforma.
Guido Varela, presidente de la Red de Tenderos del Ecuador, expresó su respaldo a la reforma al considerar que la normativa vigente castiga al comercio formal y fomenta la informalidad. Destacó que en Ecuador existen más de 120.000 tiendas de barrio, que concentran cerca del 70 % de las ventas de productos de consumo masivo y generan alrededor de 1,2 millones de empleos directos e indirectos, constituyéndose en la columna vertebral del comercio y de la seguridad alimentaria del país.
Explicó que la restricción prolongada no elimina la demanda de bebidas alcohólicas, sino que la desplaza a mercados clandestinos, con productos sin control sanitario, contrabando y evasión tributaria, afectando gravemente el flujo de clientes y la venta cruzada que sostiene a estos pequeños negocios, por lo que una reducción proporcional de la ley seca permitiría proteger el proceso electoral sin paralizar la economía, disminuir el mercado ilegal, fortalecer la seguridad y favorecer la formalidad en beneficio del Estado y de la ciudadanía.
Roberto Andrade, delegado de la Cámara de Comercio de Guayaquil, calificó como positiva la iniciativa al señalar que la ley seca de 72 horas genera pérdidas estimadas entre USD 12 y 15 millones por proceso electoral, dentro de una industria que moviliza cerca de USD 1.500 millones anuales.
En este contexto, indicó que la restricción no reduce el consumo, sino que lo desplaza a la informalidad, afectando al comercio formal, el empleo y la recaudación tributaria, por lo que una reducción permitiría una actividad controlada, optimizaría los recursos públicos destinados al control, protegería el empleo y la recaudación fiscal, y fortalecería al Estado sin comprometer la integridad del proceso democrático.
Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, respaldó la propuesta de reducir el período de la ley seca y sostuvo que las restricciones actuales en el Código de la Democracia son desproporcionadas y han generado, en los últimos cinco años, más de USD 150 millones en pérdidas acumuladas por 13 procesos electorales.
Señaló que sectores como restaurantes, hoteles y turismo registran caídas de hasta el 40 % en ventas y cancelaciones hoteleras de hasta el 60 %, por lo que una reforma permitiría alinearse con estándares regionales, dinamizar la economía, proteger el empleo y fortalecer al turismo y la gastronomía como ejes centrales del desarrollo productivo nacional.
Finalmente, Carlos Andrade, presidente de la Asociación de Restaurantes de Cuenca, expuso el impacto territorial de la ley seca en el sector turístico y gastronómico, indicando que el turismo genera USD 1.400 millones anuales a nivel nacional, con un aporte del 13 % desde Cuenca. Señaló que la gastronomía representa el 62 % de esta actividad y que en la ciudad existen cerca de 967 establecimientos formales de alimentos y bebidas que generan aproximadamente 7.800 empleos directos.
Reveló que en los últimos procesos electorales se han registrado caídas promedio del 15 % en ventas y pérdidas estimadas entre USD 1,7 y 2 millones por proceso electoral en Cuenca y Azuay, por lo que consideró que la reforma permitirá mitigar impactos económicos, mejorar la competitividad turística y gastronómica del país, proteger el empleo y equilibrar el desarrollo productivo con el respeto al proceso democrático.
MEV
