Desde mayo de 2025, la Comisión de Fiscalización y Control Político sustanció dos solicitudes de juicio político en contra de la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes; y del exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gonzalo Albán Molestina. También impulsó procesos de investigación sobre presuntos manejos irregulares en la justicia, el uso de fondos públicos en las federaciones deportivas y el operativo de rescate de dos ciudadanos extraviados en el cerro Quitahuayco, provincia del Azuay.
Juicio político
Con seis votos afirmativos, la Comisión aprobó el informe que recomendaba al Pleno continuar con el juicio político planteado por Keevin Gallardo en contra de Gonzalo Albán Molestina, quien era miembro CPCCS, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República (CRE), en concordancia con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El 22 de septiembre, el Pleno de la Asamblea, con 81 votos afirmativos, dispuso su censura y destitución.
Procesos de investigación
La Comisión de Fiscalización, en julio, estudió el accionar de la corrupción en los procesos de contratación de medicinas, insumos y demás compras que ejecutan los hospitales públicos del país. Posteriormente, por unanimidad, resolvió remitir a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado y a la Embajada de los Estados Unidos de América la documentación en torno a la supuesta red de corrupción que habría operado en el sistema de salud pública.
Igualmente, con seis votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado en razón de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno, por el cual recomienda impulsar una plataforma única de inteligencia de seguridad, que incorpore datos -en tiempo real-, sobre aprehensiones, partes policiales, medidas cautelares, sumarios disciplinarios y auditorías patrimoniales, entre otros aspectos, para garantizar una adecuada administración de justicia.
La Comisión, por unanimidad, resolvió fiscalizar la gestión, transparencia y cumplimiento normativo de las 24 federaciones deportivas del país, por pedido de la asambleísta Ana Belén Tapia, respecto de la Federación Deportiva Provincial de Napo (Fedenapo). En este contexto, el Contralor explicó que, desde 2017, se han ejecutado 25 procesos de auditoría a varias federaciones deportivas provinciales, teniendo como resultado algunos informes que indican responsabilidades administrativas y también indicios de responsabilidad penal.
EG
