Hoy presenté una enmienda constitucional a los artículos 35 y 51 con un objetivo claro: corregir un error que por años ha afectado la justicia ecuatoriana y ha distorsionado el verdadero sentido de los derechos.
Las personas privadas de libertad deben tener derechos, pero no pueden seguir siendo consideradas grupo vulnerable, porque esa clasificación abrió la puerta a privilegios indebidos y abusos que lesionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Esta propuesta busca devolver el equilibrio, proteger los derechos humanos sin generar desigualdades injustificadas y priorizar a quienes siempre debieron estar en el centro del Estado: los ciudadanos honestos.
Legislar también es tener el valor de corregir lo que no ha funcionado
Nací en San Pedro de Huaca, en la provincia del Carchi, y desde muy joven entendí que el servicio a la comunidad no es un discurso, sino un compromiso diario. Mi formación y mi experiencia profesional han estado siempre orientadas a fortalecer la participación ciudadana, el trabajo articulado y el desarrollo social desde el territorio.
A lo largo de mi camino he asumido distintas responsabilidades en el ámbito social y público, lo que me ha permitido conocer de cerca las realidades y necesidades de la gente. Hoy, como asambleísta por el Carchi y presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, trabajo para impulsar una agenda legislativa cercana, responsable y enfocada en el desarrollo local, la descentralización y el bienestar de los ciudadanos.
