La asambleísta Nathaly Farinango, representante de la provincia de Pichincha, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y a los usuarios del sistema educativo, a fin de cumplir con la obligación constitucional del Estado, de la sociedad y la familia, de asegurar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Según la proponente, esta reforma parte de la necesidad de que la legislación en materia educativa sea clara, abarque a todos los actores que son parte del sistema y propenda a garantizar los derechos establecidos en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) respecto al derecho a la educación como un deber inexcusable del Estado, al acceso a la educación centrada en el ser humano, su interés público y las garantías que protegen este derecho fundamental.
Para el efecto, entre otros aspectos, el proyecto prevé la inclusión del Título Séptimo, relacionado con los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), con dos capítulos: el primero, que establece los derechos y obligaciones de esta instancia; y, el segundo sobre los profesionales que laboran en el Departamento de Consejería Estudiantil.
La incorporación de estos capítulos responde a que, con fecha 30 de julio de 2025, los profesionales de los DECE tuvieron un cambio de régimen laboral y pasaron de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) a ser amparados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sin que existan normas específicas que regulen su desempeño. De allí la necesidad de añadir articulados en los cuales se determinen los derechos y obligaciones de los referidos profesionales del sistema educativo.
EG
