En el marco del proceso de fiscalización y en cumplimiento de la sentencia N.° 21201-2020-00170, emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos dentro del denominado “Caso Mecheros”, la Comisión de Biodiversidad analizó el informe de avances sobre el desmantelamiento progresivo de mecheros petroleros.
La exposición estuvo a cargo de Rosana Abad, asesora parlamentaria de la Comisión, quien presentó la información recopilada dentro del plan de trabajo 2025-2027. Recordó que la sentencia, emitida el 29 de julio de 2021, ordena la eliminación progresiva de los mecheros, priorizando aquellos ubicados cerca de centros poblados, con un plazo máximo hasta el año 2030.
Entre las disposiciones judiciales constan: la prohibición de autorizar nuevos mecheros cerca de zonas pobladas, salvo excepciones tecnológicas que reduzcan significativamente la contaminación; el monitoreo ambiental permanente a cargo del Ministerio del Ambiente; la evaluación de la calidad del agua en comunidades afectadas; y la coordinación interinstitucional obligatoria. Además, la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia mediante informes trimestrales.
Como parte de la fiscalización, la Comisión solicitó información a Petroecuador sobre el plan anual de desmantelamiento, el avance cuantitativo, los procedimientos aplicados y los mecanismos de control. En respuesta, mediante oficio del 29 de diciembre de 2025, la empresa informó que, de un total de 424 mecheros existentes al momento del fallo judicial, se han apagado y desmantelado 172, lo que representa un avance aproximado del 41 %.
Petroecuador detalló que el proceso se ejecuta en dos fases. La primera, correspondiente al retiro de 102 mecheros ubicados en zonas pobladas, fue cumplida al 100 %. La segunda fase contempla el desmantelamiento progresivo del resto de mecheros hasta 2030, conforme a un cronograma anual.
Asimismo, se identificaron factores internos y externos que inciden en el cumplimiento del plan, como los tiempos de aprobación de licencias ambientales, la disponibilidad presupuestaria, la gestión comunitaria y la implementación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del gas.
Con base en el informe presentado y a moción del asambleísta Franklin Samaniego, la Comisión de Biodiversidad resolvió convocar, dentro de los plazos legales, a los titulares del Ministerio del Ambiente y Energía, Petroecuador, Ministerio de Salud y Defensoría del Pueblo, a fin de ampliar la información y dar seguimiento al cumplimiento integral de la sentencia constitucional.
RSA
Más fotografías:
