La Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado aprobó, con 8 votos a favor y una abstención, el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, una iniciativa que propone una reforma especializada, integral y estructural del sistema de justicia ecuatoriano. La propuesta surge del reconocimiento de una crisis profunda en la administración de justicia, marcada por la corrupción institucional, la infiltración del crimen organizado, la ineficiencia operativa y la pérdida de confianza ciudadana.
Frente a este escenario, el proyecto descarta cambios parciales o superficiales y plantea una transformación sistémica que reorganiza la Función Judicial desde sus bases, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos. La reforma busca responder a los nuevos desafíos que enfrenta el país, luego de más de quince años sin una revisión integral del Código, vigente desde 2009.
Rosa Torres, presidente de la Comisión, destacó que el trabajo realizado durante seis meses responde a una visión responsable y estructural, alejada de coyunturas políticas. Señaló que, aunque el Código Orgánico de la Función Judicial no siempre estuvo en el centro del debate ciudadano, su reforma era indispensable para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza en la justicia. Asimismo, recordó que las modificaciones previas fueron aisladas y no lograron frenar la pérdida de credibilidad ni la debilidad institucional del sistema.
La Comisión, además de diagnosticar los problemas, impulsó una agenda técnica orientada a enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal, que han impactado directamente en la Función Judicial. Como resultado, la reforma plantea la modificación de más del 50 % del Código, a través de más de 180 artículos, estructurados en nueve ejes trabajados en mesas técnicas.
Estos ejes comprenden: el blindaje ético del Poder Judicial mediante controles reforzados contra la corrupción; el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana, incluyendo la incorporación de jurados populares y la difusión pública de audiencias; el tratamiento técnico de las medidas cautelares con unidades especializadas; la regulación clara y meritocrática de los concursos para la Función Judicial; el rediseño del Consejo de la Judicatura para mejorar la gestión y la rendición de cuentas; un nuevo régimen disciplinario con control jurisdiccional y respeto al debido proceso; la implementación obligatoria de la justicia digital y el expediente electrónico; la transformación de la Escuela Judicial como eje de formación especializada; y el fortalecimiento de los juzgados de paz, especialmente en zonas urbanas.
El informe, que recoge las observaciones tratadas en la presente sesión, concluye que la reforma responde a una necesidad urgente del país, fortalece el marco jurídico de la Función Judicial y constituye un paso decisivo para recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana. En consecuencia, la Comisión recomienda remitir el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su distribución a las y los asambleístas y la continuación del trámite legislativo en el Pleno.
RSA
