La Comisión de Fiscalización y Control Político, atendiendo la solicitud de los moradores del cantón San Vicente, provincia de Manabí, y del Colectivo “Juntos por el Agua”, sesionó este viernes, 23 de enero, en el Coliseo San Vicente, con el propósito de escuchar las demandas de los pobladores de los cantones San Vicente y Sucre, así como de la parroquia de Canoa, debido a la falta de agua potable y los problemas que se generan alrededor del déficit en este servicio básico.
Washington Hurtado, director de la Fundación Futuro, subrayó que el cantón San Vicente no cuenta con el servicio continuo de agua potable y que las justificaciones de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua (EMMAP-EP) son diversas, una de ellas, la turbiedad del río Carrizal.
Mientras tanto, Eugenia Cabal, directora de la unidad educativa más grande de este sector, con más de 2.000 estudiantes, aseveró que la falta de agua hace que se adquiera permanentemente agua a través de tanqueros; sin embargo, la cantidad de líquido que se compra solo abastece por dos días.
Igualmente, Jeaneth Cevallos y Andrés Giler, dirigentes de la sociedad civil de San Vicente, coincidieron en que el pueblo de San Vicente se ha unido para exigir que se tomen acciones urgentes para atender la falta de agua, pues solo se tiene el servicio por dos días, cuando la EMMAP-EP cobra a todos los usuarios por el período de 30 días.
De su lado, la vicealcaldesa de Pedernales, María Eliza Arauz, expresó su solidaridad con la población de San Vicente, Sucre y Canoa, por los problemas con el agua potable. Sin embargo, explicó, no solo es ese el problema; desde el terremoto de 2016 en Pedernales, por ejemplo, que fue el epicentro del movimiento telúrico, se perdió el sistema de alcantarillado y hasta ahora no llegan los fondos de la reconstrucción de Manabí.
Así mismo, otros moradores del sector subrayaron que la falta del líquido vital incide también en la economía de estos cantones de la provincia de Manabí, como en otros aspectos; uno de ellos, en la salud de las niñas, niños y adolescentes que acuden día a día a las instituciones educativas desprovistas del servicio de agua potable.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso que se oficie a la Contraloría General del Estado para que informe sobre las acciones de control que ha realizado a la gestión de EMAAP-EP, a fin de conocer si existen excesos en el cobro de las planillas de agua potable, sobre todo en los casos en los cuales, como indicó la ciudadanía, no se ha prestado el servicio con la fluidez que corresponde.
EG
