La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales avocó conocimiento del “Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para Sancionar los Delitos en los Espacios Acuáticos Nacionales”, presentado por el exasambleísta Daniel Noboa Azín y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el objetivo de iniciar su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otros cuerpos legales.
La propuesta plantea una reforma al artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el fin de agravar la pena cuando el delito se cometa en los espacios acuáticos nacionales —que comprenden aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, playas, áreas intermareales, así como lagos y ríos navegables— y se dirija contra pescadores o personas que utilicen embarcaciones como medio de transporte o sustento. En estos casos, la sanción se incrementaría en un tercio respecto de la pena prevista actualmente.
Asimismo, el proyecto reforma la Ley Orgánica de Navegación, incorporando nuevas atribuciones a la Autoridad Marítima Nacional, entre las que constan: el control de la seguridad del transporte marítimo y fluvial; la prevención y neutralización de actos ilícitos como piratería, tráfico de personas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, pesca ilegal y contrabando; la realización de operativos de control por porte ilegal de armas; el ejercicio del derecho de persecución conforme a los instrumentos internacionales; y la aprehensión de personas en delito flagrante, respetando la cadena de custodia.
También se establecen competencias para coordinar la protección marítima de instalaciones portuarias, contribuir al control de la contaminación marina, costera y fluvial, y actuar bajo las disposiciones de la Fiscalía General del Estado en procesos de investigación penal.
La Comisión de Biodiversidad continuará con el análisis técnico y jurídico de esta iniciativa legal, en el marco de sus competencias, con el objetivo de fortalecer la seguridad en los espacios acuáticos nacionales y garantizar la protección de quienes desarrollan actividades productivas y de transporte en estos entornos.
MEV
