Como Asambleísta del Ecuador y en ejercicio de mi facultad constitucional de fiscalización, el pasado 23 de enero inicié formalmente un proceso de control y requerimiento de información a la Cancillería del Ecuador, en relación con la detención del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años de edad, en los Estados Unidos, junto a su padre, en el marco de un procedimiento migratorio.
Sin embargo, hasta la fecha de redacción de este artículo, no hemos recibido ninguna respuesta oficial. Esta falta de pronunciamiento resulta inaceptable y profundamente preocupante, especialmente cuando se trata de un caso que involucra a un menor de edad.
Este hecho, conocido a través de información pública internacional, genera una profunda alarma, pues pone en riesgo el principio del interés superior del niño, el debido proceso y los derechos humanos fundamentales. Más aún cuando Liam Conejo pertenece a una familia de raíces indígenas, lo que obliga al Estado ecuatoriano a actuar con mayor responsabilidad, enfoque intercultural y respeto a su identidad.
He solicitado información clara y detallada sobre si el Estado ecuatoriano tuvo conocimiento oportuno del caso, cuál es la situación actual del menor, qué acciones de protección consular se activaron, qué gestiones se realizaron ante las autoridades estadounidenses y qué medidas se están adoptando para garantizar su integridad física, emocional y jurídica.
Asimismo, he requerido un informe completo sobre la situación del padre, la madre y su entorno familiar, así como sobre todas las acciones ejecutadas por las instituciones competentes para la protección de sus derechos.
La ley es clara: las entidades públicas tienen plazos establecidos para responder y deben hacerlo con transparencia, responsabilidad y compromiso con el pueblo ecuatoriano. No se trata de un favor, sino de una obligación constitucional.
Cuando se trata de un niño, el Estado no puede guardar silencio.
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Desde mi despacho, continuaré ejerciendo con firmeza mi labor de fiscalización y control político, exigiendo respuestas, acciones concretas y resultados. Lo hago en defensa de los derechos de nuestras niñas, niños y familias migrantes, dentro y fuera del país.
Nuestro pueblo merece respeto, acciones y dignidad.
Alex Fabricio Toapanta Jami nació el 6 de enero de 1990 en Salcedo, provincia de Cotopaxi. Estudió en el Colegio Experimental Nacional Salcedo, donde obtuvo el título de Bachiller en Químico Biólogo. Más tarde se graduó como Abogado por la Universidad Indoamérica y obtuvo el título de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Bolivariana del Ecuador, especializándose en derechos humanos y justicia constitucional.
Su trayectoria política y organizativa se construyó desde las bases comunitarias. Fue Secretario General de la Comuna El Galpón y posteriormente de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo (FECOS). A nivel provincial se desempeñó como Procurador Síndico del Gobierno Provincial de Cotopaxi. Su liderazgo lo llevó a presidir el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fortaleciendo la defensa del agua, del territorio y de los derechos colectivos.
Miembro activo del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Lista 18, impulsa una agenda enfocada en justicia social, protección de la naturaleza y defensa de los derechos humanos. Su trabajo ha estado marcado por la lucha contra actividades extractivas que amenazan los páramos, los ecosistemas y la vida comunitaria.
Actualmente es Asambleísta por la provincia de Cotopaxi, donde ejerce una fiscalización firme y promueve iniciativas legislativas en favor del campo, la justicia ambiental y la plurinacionalidad, comprometido con la construcción de un Ecuador más equitativo e intercultural.
