Hoy enfrentamos una realidad que no podemos normalizar: criminales que usan uniformes para engañar, infiltrarse y sembrar miedo. Ese acto no solo es un delito; es una amenaza directa contra la seguridad y, sobre todo, contra la confianza ciudadana. Cuando una familia ve un uniforme, espera protección. Si el crimen se apropia de ese símbolo, se rompe un vínculo esencial entre el Estado y la gente.
Estos hechos evidencian algo clave: los vacíos legales y la falta de controles fortalecen a los delincuentes. Cada espacio sin regulación clara, cada debilidad en la supervisión o en la sanción efectiva, se convierte en una oportunidad para que el crimen organizado avance. Y cuando eso ocurre, no solo se pone en riesgo a las personas; también se debilita la autoridad del Estado y se erosiona el orden público.
Por eso, la respuesta debe ser clara y firme. Desde el Gobierno y desde la Asamblea, el enfoque tiene que ser el mismo: orden, controles y decisión. Esto implica reforzar mecanismos de verificación, prevenir el uso indebido de distintivos, y asegurar que la ley sea una herramienta efectiva para cerrar puertas a quienes pretenden operar desde el engaño.
La seguridad de las familias no es un tema para medias tintas. La seguridad no se negocia: se defiende con acciones, con control y con firmeza.
Asambleísta por la provincia de Esmeraldas
