El secretario general Jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, presentó ante Gestión Documental de la Asamblea Nacional dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica, remitidos por el Ejecutivo.
Durante sus declaraciones, Herrería informó que, en el marco del estado de excepción vigente, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se encuentra constitucionalmente habilitado para presentar este tipo de iniciativas legislativas, conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El primer proyecto corresponde a la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La propuesta busca corregir la rigidez del gasto corriente y priorizar la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y 2024 la inversión promedio de los GAD en estos rubros no superó el 45 % de su presupuesto, lo que ha resultado insuficiente frente a las brechas existentes en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura local.
La reforma establece una regla fiscal clara y verificable para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Para ello, se prevé un régimen de transición gradual: 60 % en 2027, 65 % en 2028 y 70 % desde 2029 en adelante. Además, contempla un tratamiento diferenciado para las juntas parroquiales rurales pequeñas, con plazos más amplios para su implementación.
El proyecto incorpora mecanismos de control mediante un anexo obligatorio en la proforma y reforma presupuestaria, verificación en las fases de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, publicación trimestral de información para control ciudadano y establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles en caso de incumplimiento. El funcionario explicó que esta medida busca reducir la presión económica sobre el Estado central y mejorar la atención de las necesidades ciudadanas en los territorios.
El segundo proyecto presentado es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En el ámbito minero, la iniciativa busca superar trabas regulatorias, fragmentación normativa e inseguridad jurídica que han provocado la paralización de proyectos, la caída de inversión y la expansión de la minería ilegal. La reforma plantea la simplificación de trámites administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de esquemas de inversión que permitan reactivar proyectos estratégicos, ampliar la base de contribuyentes y proteger los ingresos fiscales, sin crear nuevos tributos ni incrementar el gasto público.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta busca corregir la vulnerabilidad del sistema de electricidad frente a la restricción fiscal y a los choques climáticos, que en los últimos años han generado racionamientos y pérdidas económicas significativas. El proyecto habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, con el fin de preservar la liquidez pública, diversificar la matriz energética, reducir la dependencia hidrológica y fortalecer la capacidad instalada.
En materia energética, Herrería señaló que la propuesta responde a una reciente sentencia de la Corte Constitucional y busca que el sector privado asuma parte de la inversión cuando los costos estatales sean mayores, liberando recursos públicos para el desarrollo social. En cuanto al ámbito minero, explicó que el proyecto plantea el cierre de etapas administrativas que actualmente impiden la inversión, con el fin de acelerar los procesos y propiciar un retorno inmediato de recursos y tributos para el Estado ecuatoriano, destinados al financiamiento de servicios públicos.
Ambos proyectos cumplen con los requisitos de urgencia económica previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y conforme a la normativa vigente, a partir de su presentación oficial inicia el plazo de 30 días para su tratamiento en la Asamblea Nacional.
MEV
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