En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibió la comparecencia del actuario y economista Juan Sebastián Naranjo, quien presentó criterios técnicos previos a la elaboración del informe para primer debate.
El actuario explicó que elaboró un informe actuarial de contraste, basado exclusivamente en información pública, principalmente proveniente del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de organismos de control, con el fin de contribuir a una toma de decisiones legislativas más informada y prudente.
Uno de los principales puntos expuestos fue la necesidad de contar con estudios actuariales actualizados, conforme al mandato de la Corte Constitucional, que establece que cualquier rediseño del sistema de pensiones debe sustentarse en información financiera reciente. En este sentido, advirtió que el proyecto se apoya en un estudio con corte a diciembre de 2023, pese a que ya existen balances auditados de 2024 y se prevé nueva información financiera en el corto plazo.
Naranjo señaló que legislar sin considerar esta información actualizada podría implicar riesgos técnicos y jurídicos, ya sea sobredimensionando o subestimando los problemas de sostenibilidad del sistema, lo que eventualmente podría afectar a los afiliados o generar futuras obligaciones fiscales para el Estado.
Respecto a la metodología y a las hipótesis utilizadas en el estudio actuarial base, el actuario expresó su coincidencia técnica, especialmente en los escenarios que evidencian la insostenibilidad del sistema sin reformas. No obstante, llamó la atención sobre el escenario de reforma, señalando que sus resultados dependen de manera crítica del cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del Estado.
Enfatizó que el propio estudio actuarial reconoce que cualquier retraso o incumplimiento estatal en las transferencias afectaría la sostenibilidad del sistema, por lo que recomendó que este factor sea considerado con especial cautela en el debate.
El general Ignacio Fiallo, director del ISSFA, explicó que los ajustes al sistema de pensiones militares responden a la necesidad de corregir los efectos de la Ley de Fortalecimiento de 2016, aprobada sin estudios actuariales y que derivó en dos regímenes paralelos, situación observada por la Corte Constitucional. Señaló que el estudio actuarial vigente, validado por la Superintendencia de Bancos y con proyección a 50 años, demuestra la urgencia de aplicar reformas inmediatas para garantizar la sostenibilidad del sistema, considerando factores como el aumento de la esperanza de vida y el retiro temprano.
Fiallo recalcó que los ajustes —como una contribución del 3 %— no buscan afectar derechos adquiridos, sino asegurar pensiones dignas y sostenibles para actuales y futuros militares, sus familias y viudas, evitando una carga insostenible para el Estado.
Los asambleístas coincidieron en que el estudio actuarial vigente, basado en datos de 2023, resulta frágil ante la realidad actual de 2024 y 2025, marcada por mayores riesgos operativos y cambios demográficos, por lo que plantearon su actualización. Se propuso avanzar hacia una reforma que contemple regímenes cerrados para quienes ya aportaron bajo reglas previas y regímenes abiertos para nuevos afiliados, garantizando sostenibilidad a largo plazo sin afectar derechos adquiridos. Asimismo, se aclaró que el sistema y las empresas vinculadas al seguro social militar están sometidos a estrictos controles estatales y que sus utilidades, aunque positivas, no son suficientes por sí solas para financiar el sistema, lo que refuerza la necesidad de una reforma responsable, técnica y socialmente consensuada.
RSA
