Desde la Comisión se dio conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa para el Migrante Ecuatoriano, una iniciativa legislativa que responde a una deuda histórica del Estado con millones de compatriotas que, por necesidad, se vieron obligados a dejar el país en busca de oportunidades.
La migración ecuatoriana no es un fenómeno aislado ni reciente. Es consecuencia directa de crisis económicas, falta de empleo y ausencia de políticas públicas sostenidas. Sin embargo, aunque nuestros migrantes aportan con remesas, sostienen economías familiares y fortalecen al país desde el exterior, hoy enfrentan un marco legal fragmentado, débil y reactivo, que no garantiza una protección integral de sus derechos.
Actualmente existen falencias claras: ausencia de una defensa jurídica especializada frente a abusos laborales, trata de personas, xenofobia, deportaciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso; limitada articulación institucional; y una insuficiente atención consular en situaciones de emergencia. Estas brechas dejan al migrante ecuatoriano en una situación de vulnerabilidad que el Estado no puede seguir ignorando.
Este proyecto de ley busca cambiar esa realidad. Propone un sistema integral de defensa del migrante ecuatoriano, fortaleciendo la acción del Estado dentro y fuera del país, garantizando asistencia legal, acompañamiento institucional, protección de derechos humanos y mecanismos efectivos de prevención frente a abusos y delitos transnacionales.
Los beneficios de esta ley son claros:
Fortalece la defensa jurídica y consular del migrante y su familia.
Genera responsabilidad institucional clara, evitando la dispersión de competencias.
Reconoce a la migración como un sujeto de derechos, no como un problema.
Consolida el principio constitucional de protección a las personas en movilidad humana, alineándose con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta se sustenta en la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho a migrar y la obligación del Estado de proteger a sus nacionales en el exterior, así como en instrumentos internacionales que garantizan la dignidad, igualdad y no discriminación de las personas migrantes.
Este proyecto no solo protege derechos: reafirma el compromiso del Ecuador con su gente, esté donde esté. Porque migrar no puede significar perder la protección del Estado, ni renunciar a la dignidad.
Asambleísta Electa por la Provincia de Tungurahua
Doménica Carolina Escobar Galarza, asambleísta electa por la provincia de Tungurahua, es una voz apasionada que emerge del corazón de su comunidad. Con una sólida formación en Comunicación Social y en camino hacia su título en Jurisprudencia, Doménica combina su amor por las palabras con un profundo compromiso con la justicia social. Su trayectoria está marcada por un deseo inagotable de empoderar a quienes a menudo no son escuchados, generando espacios inclusivos donde cada opinión cuenta. Ella cree que la política puede ser una herramienta de transformación, y está decidida a utilizar su plataforma para crear un entorno donde la equidad y la transparencia no sean solo ideales, sino realidades palpables para todos.
Como asambleísta, Doménica no solo representa a los ciudadanos de Tungurahua, sino que se convierte en su aliada en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. Está comprometida a fomentar un diálogo abierto y constructivo, impulsando leyes que realmente reflejen las aspiraciones de su gente. Su visión es clara: construir una sociedad donde la cultura, tradiciones y sueños de cada ecuatoriano se vean reflejados en una realidad compartida. Juntos, bajo su liderazgo, nuestros logros se transforman en triunfos colectivos, y cada paso hacia adelante se convierte en una celebración de nuestro potencial como comunidad.
