Creo firmemente que una contratación pública clara, eficiente y justa es clave para el desarrollo del país. Por eso, estamos impulsando una reforma que busca transformar estos procesos, poniendo en el centro la transparencia, el control y el verdadero beneficio para la ciudadanía.
Nuestro primer objetivo es simplificar los procesos, eliminando trámites innecesarios y agilizando la administración pública. Menos burocracia significa respuestas más rápidas y eficientes.
También estamos reforzando la transparencia e integridad, fortaleciendo el Registro Único de Proveedores y sancionando con firmeza a quienes incumplen las normas. La contratación pública debe ser sinónimo de confianza.
Apostamos por el valor por el dinero, priorizando la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad, y no solo el precio más bajo. En el caso de Galápagos, consideramos los costos propios de su ubicación geográfica, evitando la competencia desleal con empresas del Ecuador continental.
La reforma incluye además una modernización institucional, con la creación de una unidad especializada para procesos complejos o situaciones de emergencia, que permita actuar con rapidez y responsabilidad.
Buscamos garantizar seguridad jurídica, recuperando disposiciones válidas y asegurando la continuidad de los procesos contractuales, sin afectar su legalidad.
Finalmente, fortalecemos el control y la rendición de cuentas, incorporando auditorías preventivas y trabajando de manera articulada con la Contraloría General del Estado.
Seguimos trabajando con convicción por el bienestar de nuestra gente, porque una contratación pública bien hecha se traduce en mejores servicios y más oportunidades para todos.
