La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana sesionó este miércoles, para continuar con el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, recibiendo a representantes especialistas en lo social y jurídico de la Vicepresidencia de la República, quienes presentaron observaciones técnicas al proyecto.
Durante la comparecencia, se identificaron nudos críticos en los procesos administrativos y judiciales de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en las etapas de reinserción familiar, declaratoria de adoptabilidad y privación de patria potestad. Se señaló que la normativa vigente, contenida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no establece plazos claros, lo que provoca que estos procedimientos se extiendan por meses e incluso años, afectando el interés superior del niño.
Los comparecientes explicaron que la falta de tiempos definidos retrasa la emisión de informes de la Policía Nacional y de los equipos técnicos de trabajo social y psicología, dificultando una resolución oportuna de los casos. Asimismo, se evidenció la ausencia de criterios unificados por parte de los juzgadores en los procesos de privación de patria potestad, lo que genera demoras adicionales y falta de coherencia en las decisiones judiciales.
Se presentaron casos ilustrativos en los que los procesos se iniciaron cuando los niños tenían pocos años y concluyeron cerca de la mayoría de edad, así como situaciones de alta vulnerabilidad, como niñas y niños con enfermedades graves que permanecieron durante largos períodos en casas de acogida sin una resolución definitiva.
La Comisión destacó los aportes de los técnicos, en ese sentido garantizó un trabajo efectivo para la incorporación de plazos y procedimientos más ágiles, con el objetivo de garantizar una protección efectiva, oportuna y prioritaria de los derechos de la niñez y adolescencia, en concordancia con el principio del interés superior del niño y la seguridad jurídica.
Como segundo punto del orden del día, la Comisión trató el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para Rescatar la Justicia Constitucional, con la participación de Christian Masapanta, experto en materia constitucional, quien compartió amplios criterios jurídicos y realizó recomendaciones para el fortalecimiento de esta normativa.
LC
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