La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a Paúl Corral, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica.
Durante su comparecencia, expresó el respaldo del gremio al proyecto normativo, al considerar que fortalece la sostenibilidad fiscal y financiera de los GAD. Señaló que, tras un análisis realizado por los 62 sectores productivos que integran la Cámara, se determinó que la propuesta prioriza la inversión en mantenimiento e infraestructura, servicios públicos y programas sociales, con un impacto directo en la competitividad y en la calidad de vida de los ecuatorianos.
Corral, asimismo indicó que la reforma corrige distorsiones estructurales en la composición del gasto de los gobiernos locales, orientándolo hacia sus competencias esenciales, en concordancia con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad fiscal y desarrollo territorial. Advirtió que, pese a la existencia de una regla fiscal vigente, en 2024 la inversión en obras y servicios básicos de los GAD fue inferior al 39 % del presupuesto, lo que evidencia rigidez del gasto corriente y un desplazamiento de recursos hacia gastos administrativos.
Destacó que el proyecto establece límites técnicos proporcionales, un régimen de transición gradual y mecanismos de control y rendición de cuentas. Además, planteó la necesidad de regular el uso de las tasas municipales para que correspondan exclusivamente a servicios prestados y medibles. En ese sentido, subrayó “una mejor composición del gasto público territorial fortalecerá la provisión de servicios básicos, el entorno productivo y la competitividad del país, generando beneficios económicos y sociales sostenibles”.
Aportes del sector privado para fortalecer la minería e impulsar inversión responsable
Como segundo punto, la Comisión recibió a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, y a María Amparo Albán, abogada especializada en derecho ambiental.
Silva destacó que la minería industrial es una fuente de progreso sostenible, generadora de empleo formal e ingresos para el país, en contraste con la extracción ilícita de minerales. Señaló que tras más de seis años de operación, el sector minero aporta alrededor del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye un importante contribuyente tributario, además de impulsar el desarrollo de industrias relacionadas, como infraestructura vial, portuaria y generación eléctrica. Valoró que la propuesta normativa busca fortalecer la institucionalidad, promover la exploración minera, ordenar los procedimientos del sector y generar mayor claridad normativa y seguridad jurídica para atraer inversión responsable.
Por su parte, María Amparo Albán señaló que la minería industrial es una actividad relativamente nueva en Ecuador y que la experiencia acumulada desde la aprobación de la norma en 2010 evidencia la necesidad de actualizar y mejorar el marco regulatorio, especialmente en materia de exploración, para otorgar mayor previsibilidad en los plazos y atraer inversión de riesgo. Aclaró que la reforma no implica una reducción de los estándares ambientales, sino una unificación de conceptos conforme al régimen general de autorizaciones y permisos, manteniendo la exigencia de licencia ambiental para la minería industrial dada su alta afectación.
Finalmente, resaltó la importancia de simplificar y uniformar la normativa, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental, innovar los procesos mediante herramientas tecnológicas y aprovechar la propuesta de clústeres mineros como una oportunidad para la planificación territorial, el desarrollo de infraestructura y la generación de encadenamientos productivos, promoviendo la transparencia y una gobernanza más eficiente de los recursos.
MEV
