En el marco del análisis del Proyecto de Ley de Extradición, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibió a Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y a Mercedes Caicedo Aldaz, presidenta de la Sala Penal de la CNJ, quienes expusieron criterios técnicos y jurídicos orientados a fortalecer esta iniciativa normativa.
La presidenta de la Comisión, Rosa Torres, destacó que los aportes de la Corte Nacional de Justicia permitirán enriquecer el proyecto antes de su remisión al Pleno de la Asamblea Nacional, en concordancia con los objetivos del Estado en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional.
Durante la sesión se resaltó el compromiso entre las funciones del Estado para combatir a las organizaciones criminales. En este contexto, se recordó que, tras la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, que eliminó el impedimento constitucional para la extradición, los procesos se incrementaron de manera significativa. Entre 2023 y 2024, los casos se triplicaron, alcanzando al menos 31 procesos de extradición.
Asimismo, se informó que recientemente se inició el proceso de extradición de Leonardo Cortázar, requerido por delitos relacionados con crimen organizado y corrupción, en una causa abierta desde 2021. Este hecho evidencia el compromiso del máximo órgano de justicia jurisdiccional y la coordinación con el Ejecutivo, a través de los canales diplomáticos correspondientes. Se destacó, además, que durante el actual gobierno se han impulsado tanto extradiciones activas como pasivas; entre estas últimas, el proceso contra alias “Fito”, actualmente requerido por la justicia de los Estados Unidos.
El presidente de la CNJ, Marco Rodríguez Ruiz, señaló que la actual Ley de Extradición, vigente desde hace más de 25 años, resulta anacrónica frente a los desafíos actuales del crimen organizado, el desarrollo tecnológico y la cooperación internacional. En ese sentido, manifestó la necesidad de una nueva normativa sustentada en principios de cooperación internacional, celeridad, urgencia y respeto al debido proceso.
Entre sus principales observaciones, recomendó sistematizar y clarificar las disposiciones relativas a la detención urgente, la prisión preventiva y la detención directa basada en notificaciones rojas de Interpol, a fin de evitar confusiones procesales y eventuales incidentes jurídicos. También sugirió eliminar disposiciones que podrían dar lugar a pedidos de caducidad de medidas cautelares, lo que afectaría la eficacia del procedimiento extraditorio.
Por su parte, la presidenta de la Sala Penal, Mercedes Caicedo Aldaz, subrayó la importancia de que los procesos de extradición sean conocidos por jueces especializados, y destacó como positivo que la competencia recaiga en el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con los estándares constitucionales y convencionales de protección judicial. Señaló que el proyecto corrige vacíos de la normativa vigente y responde a una realidad delictiva que trasciende fronteras, lo que exige una aplicación efectiva de la extradición activa y pasiva.
No obstante, advirtió la necesidad de precisar conceptualmente las medidas cautelares dentro del proceso de extradición, diferenciando claramente entre detención urgente y prisión preventiva con fines extraditorios, así como de ajustar el régimen de recursos para garantizar el derecho a recurrir, sin desnaturalizar figuras propias del proceso penal.
Durante la sesión, los asambleístas Keevin Gallardo y Marco Olmedo formularon consultas relacionadas con las garantías jurisdiccionales, la procedencia de acciones como el hábeas corpus y los estándares mínimos de pena para viabilizar la extradición. Al respecto, se ratificó que el estándar internacional exige que los delitos tengan una pena privativa de libertad no menor a un año, criterio ya contemplado en el proyecto y en la legislación vigente.
En la jornada también participó, en calidad de asambleísta por un día, Evelyn Santiago, representante estudiantil de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes).
RSA
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