En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico recibió los criterios de representantes del sector productivo y de la academia, centrados en la seguridad energética, la continuidad operativa y la atracción de inversión responsable.
Participaron José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura; Manuel Álvarez Alvarado y Miguel Torres Rodríguez, expertos en el sector eléctrico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL); así como Jorge Luis Hidalgo, especialista energético.
Aporte del sector acuícola
El presidente de la Cámara de Acuacultura destacó que el proyecto favorece a los sectores productivos y agroexportadores, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales. Subrayó que el sector camaronero es el principal exportador no petrolero y no minero del país, representando cerca del 38% de las exportaciones no petroleras y generando alrededor de 290.000 empleos directos e indirectos.
Señaló que la propuesta normativa fortalece la seguridad jurídica y promueve la autogeneración y el autoabastecimiento energético, lo que permitirá reducir la dependencia de una sola fuente de generación, mejorar la competitividad y sostener la generación de divisas, fundamentales para el esquema de dolarización. Además, resaltó la importancia de implementar soluciones energéticas adaptadas a las realidades territoriales, incluidas zonas rurales e insulares históricamente desatendidas, y propuso una mayor participación de los gobiernos autónomos descentralizados como aliados estratégicos en proyectos de generación local.
Enfoque técnico y académico
Desde la academia, los expertos de la ESPOL coincidieron en que la reforma introduce un enfoque moderno de política energética, basado en el interés público, la diversificación tecnológica, la descentralización inteligente y la planificación flexible y regulada. Destacaron el reconocimiento de la autogeneración, el autoabastecimiento y los distritos energéticos como componentes clave del sistema eléctrico moderno, alineados con estándares internacionales, que permitirán aliviar la demanda del sistema nacional, mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos y reducir el riesgo de racionamientos.
Se enfatizó que la propuesta mantiene la rectoría, planificación, regulación y control del Estado, al tiempo que permite la participación privada bajo reglas claras, fortaleciendo la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica, elementos esenciales para atraer inversión y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo.
Seguridad energética y competitividad
Los especialistas señalaron que la crisis eléctrica reciente evidenció problemas estructurales acumulados y la necesidad de anticipar inversiones estratégicas. En ese sentido, el proyecto facilitaría acelerar inversiones críticas, compartir riesgos financieros y asegurar la continuidad del servicio eléctrico, especialmente en zonas productivas estratégicas.
Finalmente, destacaron que la iniciativa contribuye a mejorar la competitividad internacional, reducir los costos asociados a interrupciones energéticas, fortalecer la seguridad en las cadenas logísticas y proteger el empleo, consolidando una visión de la energía como insumo clave para el desarrollo productivo del país.
RSA
