En la Sesión No 046, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió a Adrián Cornejo, investigador en Derechos Humanos del Centro de Derechos Económicos y Sociales, quien presentó observaciones técnicas al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Durante su intervención, Cornejo destacó la importancia de fortalecer el marco normativo para regular la trata con fines de explotación laboral, a partir de los aprendizajes derivados del caso Furukawa, considerado un precedente en el país. Señaló que esta sentencia reconoció por primera vez en el Ecuador la existencia de prácticas de esclavitud moderna y estableció criterios objetivos para su identificación.
El experto subrayó que esta problemática requiere un enfoque integral que incorpore no solo el ámbito penal, sino también el derecho laboral y migratorio, con mecanismos efectivos de prevención, control y sanción. En ese sentido, valoró que el proyecto de reforma desarrolle instrumentos concretos para la vigilancia de los mercados laborales, en concordancia con los avances incorporados en la legislación de 2021.
Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad empresarial, especialmente en las cadenas de suministro, mediante la aplicación de principios de debida diligencia y control sobre proveedores, con el fin de prevenir vulneraciones de derechos humanos. Enfatizó que las empresas deben asumir obligaciones claras para garantizar que sus actividades productivas no generen escenarios de explotación laboral.
Cornejo también recomendó implementar sistemas de control basados en riesgos, enfocados en sectores productivos con mayor vulnerabilidad a prácticas de trabajo forzoso, como los ámbitos agroexportadores. En este contexto, señaló la urgencia de reforzar las inspecciones laborales en zonas rurales, donde actualmente la capacidad de vigilancia estatal es limitada.
Para concluir, el especialista resaltó que el proyecto de ley representa un avance significativo al incorporar mecanismos de monitoreo de ofertas laborales, inspecciones focalizadas y participación comunitaria en la prevención de la trata de personas, aunque sugirió fortalecer su enfoque vinculante en materia de obligaciones empresariales y control estatal.
La Comisión continuará el análisis con base en los aportes técnicos, como parte del proceso de construcción de una normativa orientada a la protección integral de los derechos humanos y la erradicación de la trata de personas en el Ecuador.
MEV
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