En la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, la asambleísta Janina Rizzo Alvear, presidenta de la mesa legislativa, sustentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, iniciativa orientada a fortalecer uno de los sectores productivos estratégicos del país.
La propuesta surge de la necesidad de actualizar la normativa vigente desde 2020, frente a los cambios productivos, ambientales y sociales que enfrenta el Ecuador. Entre ellos se destacan las alteraciones en los ecosistemas estuarinos del Golfo de Guayaquil, provocadas por sedimentos y dragados, que amenazan la biodiversidad y la productividad a largo plazo, según informes técnicos del Instituto Público de Investigación (2024).
La asambleísta señaló que el país, por su condición de megadiverso, enfrenta vacíos legales que dificultan una adecuada gestión del sector, ya que la legislación actual no clasifica de manera clara los sectores productivos (artesanal, comercial, comunitario) ni los ambientes de producción (marino, estuarino, continental, dulce e insular). Esta falta de diferenciación limita la formulación de políticas públicas, la sostenibilidad y el cumplimiento de principios constitucionales como la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza.
Subrayó que el objetivo general del proyecto es establecer un régimen jurídico integral para el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca, con enfoque ecosistémico, que garantice el acceso a alimentos en armonía con la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador.
Entre los ejes centrales de la reforma, anotó: la clasificación clara de los sectores productivos y de los ambientes donde se desarrolla la actividad; la ampliación del ámbito de aplicación de la ley y la incorporación de políticas diferenciadas; y el fortalecimiento de los sistemas de información, incentivos específicos, asistencia técnica y seguridad jurídica para los productores.
Los beneficios esperados incluyen un desarrollo sostenible del sector acuícola-pesquero, mayor protección ambiental, generación de empleo digno, incremento de la competitividad basada en innovación tecnológica y un aporte directo a la soberanía alimentaria del país.
La asambleísta Rizzo hizo un llamado a sus colegas legisladores a sumarse a la construcción de una normativa moderna, justa y sostenible, que promueva el bienestar social y la conservación ambiental en beneficio del Ecuador.
RSA
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