En el marco del análisis del proyecto de ley que regula los procedimientos de Reproducción Humana Asistida (RHA), la Comisión del Derecho a la Salud recibió los aportes de especialistas en los ámbitos médico y jurídico, quienes presentaron observaciones relevantes para la construcción de una normativa alineada con la ciencia, la Constitución y la protección integral de derechos.
El especialista Francisco Güell expuso evidencia científica que advierte un aumento significativo del riesgo de diversas patologías en niños concebidos mediante técnicas de reproducción humana asistida. Según explicó, estas prácticas pueden afectar el desarrollo de los gametos y del embrión, generando enfermedades detectables antes del nacimiento, durante el parto o a medio y largo plazo. Entre los riesgos identificados constan malformaciones congénitas, prematuridad, bajo peso al nacer, convulsiones neonatales y mayor mortalidad perinatal, así como patologías posteriores como parálisis cerebral, epilepsia, trastornos del espectro autista, asma, hipertensión y determinados tipos de cáncer.
Ante este escenario, propuso la creación de una comisión técnica especializada que evalúe la salud pediátrica de los niños ya nacidos mediante estas técnicas, con el fin de dimensionar su impacto real en la población. Observó que profesionales de hospitales de referencia han detectado un aumento de riesgos, una tendencia que se replica a nivel internacional y que podría derivar en futuras reclamaciones legales al Estado.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, señaló que la responsabilidad de los legisladores es realizar un análisis técnico y médico riguroso, priorizando la salud no solo de quienes nacerían bajo esta ley, sino también de las madres.
Desde el ámbito jurídico, Víctor Valle, vicepresidente del Estudio Jurídico Dignidad y Derecho, recordó que el proyecto de ley surge por mandato de la Corte Constitucional ante la ausencia de regulación en esta materia. Indicó que el aporte del estudio se centra en los fundamentos constitucionales y de derechos humanos, en complemento a los criterios de salud y bioética.
Valle sostuvo que es posible una regulación más favorable que, sin prohibir de forma absoluta las técnicas de gestación subrogada, elimine aquellas que implican la instrumentalización de la vida humana. Asimismo, se refirió a afectaciones al derecho a la identidad, al interés superior del niño y al derecho a la salud, al permitir la donación anónima de gametos.
El especialista señaló que esta práctica impide a las personas nacidas mediante RHA conocer su origen biológico y limita el acceso a información genética esencial para la prevención y tratamiento de enfermedades, en contravención de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia. Indicó que la tendencia internacional es restringir o prohibir este tipo de donaciones, como ya ocurre en varios países europeos.
Finalmente, exhortó a la Asamblea Nacional a acoger estas observaciones y avanzar en una ley que garantice de manera integral los derechos a la vida, la identidad y la salud, priorizando el interés superior del niño conforme a la Constitución.
RSA
