El Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos, actualmente en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud, continúa su construcción con aportes de especialistas en bioética, medicina y cuidados paliativos.
Desde Uruguay, el doctor en Filosofía Miguel Pastorino señaló que el debate en América Latina sufre confusión conceptual, ya que prácticas éticamente aceptadas -como la adecuación del esfuerzo terapéutico, la retirada de soportes artificiales, las voluntades anticipadas o la sedación paliativa- son erróneamente calificadas como “eutanasia”.
Explicó que la eutanasia se define únicamente como la acción directa de provocar la muerte de una persona, en contexto médico y con su consentimiento, y que confundir estos conceptos genera errores graves en el debate normativo. Subrayó que la eutanasia no constituye un derecho humano y que el deseo de morir disminuye con cuidados paliativos adecuados.
El asambleísta Jorge Tamayo planteó interrogantes sobre la voluntad del paciente y la toma de decisiones cuando no puede expresarse. Se explicó que Uruguay cuenta con marcos legales sólidos en salud, como la ley de voluntades anticipadas y el acceso universal a cuidados paliativos, mecanismos de respeto a la dignidad humana, no eutanasia.
María Cristina Cervantes, especialista colombiana en Medicina Interna y Cuidados Paliativos, advirtió inconsistencias éticas y conceptuales en varios proyectos de “muerte digna”. Señaló que la dignidad es inherente al ser humano y que reducir la muerte digna a la eutanasia es un error; la verdadera libertad requiere acceso a tratamientos y cuidados paliativos integrales.
Alertó sobre riesgos legales, consentimientos verbales, aceleración de procedimientos y la inclusión indebida de equipos paliativos en prácticas eutanásicas, recordando que la medicina paliativa alivia el sufrimiento, pero no provoca la muerte.
La asambleísta Cristina Jácome expresó su preocupación por la posible participación de clínicas privadas en estos procedimientos, advirtiendo que la muerte no puede convertirse en un negocio.
Finalmente, Viviana Dávalos, PhD en Ciencias Médicas y máster en Atención Paliativa, enfatizó la necesidad de precisión conceptual. Reiteró que la eutanasia no incluye la omisión o retiro de tratamientos desproporcionados, ni la sedación paliativa, ni la adecuación del esfuerzo terapéutico, prácticas que responden a la buena atención clínica.
Subrayó que la eutanasia no constituye un derecho y que el respeto a la autonomía y la dignidad exige procesos de decisiones anticipadas y acceso universal a cuidados paliativos integrales, condiciones necesarias para decisiones libres y responsables al final de la vida.
RSA
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