En el marco del análisis del Proyecto de Ley de Extradición, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibimos a Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y a Mercedes Caicedo Aldaz, presidenta de la Sala Penal de la CNJ, quienes expusieron criterios técnicos y jurídicos orientados a fortalecer esta iniciativa normativa.
Se informó que recientemente se inició el proceso de extradición de Leonardo Cortázar, requerido por delitos relacionados con crimen organizado y corrupción, en una causa abierta desde 2021. Este hecho evidencia el compromiso del máximo órgano de justicia jurisdiccional y la coordinación con el Ejecutivo, a través de los canales diplomáticos correspondientes. Se destacó, además, que durante el actual gobierno se han impulsado tanto extradiciones activas como pasivas; entre estas últimas, el proceso contra alias “Fito”, actualmente requerido por la justicia de los Estados Unidos.
El presidente de la CNJ, Marco Rodríguez Ruiz, señaló que la actual Ley de Extradición, vigente desde hace más de 25 años, resulta anacrónica frente a los desafíos actuales del crimen organizado, el desarrollo tecnológico y la cooperación internacional. En ese sentido, manifestó la necesidad de una nueva normativa sustentada en principios de cooperación internacional, celeridad, urgencia y respeto al debido proceso.
Entre sus principales observaciones, recomendó sistematizar y clarificar las disposiciones relativas a la detención urgente, la prisión preventiva y la detención directa basada en notificaciones rojas de Interpol, a fin de evitar confusiones procesales y eventuales incidentes jurídicos. También sugirió eliminar disposiciones que podrían dar lugar a pedidos de caducidad de medidas cautelares, lo que afectaría la eficacia del procedimiento extraditorio.
Por su parte, la presidenta de la Sala Penal, Mercedes Caicedo Aldaz, subrayó la importancia de que los procesos de extradición sean conocidos por jueces especializados, y destacó como positivo que la competencia recaiga en el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con los estándares constitucionales y convencionales de protección judicial. Señaló que el proyecto corrige vacíos de la normativa vigente y responde a una realidad delictiva que trasciende fronteras, lo que exige una aplicación efectiva de la extradición activa y pasiva.
Asambleísta por la provincia de Loja
