En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Ecuador, el defensor público general, Ricardo Morales, amplió el Informe Anual de Labores 2025 y ratificó la política institucional de territorialización de la justicia, orientada a garantizar el acceso pleno y gratuito a la defensa para las personas que no pueden contratar patrocinio privado, conforme al artículo 191 de la Constitución.
La Defensoría Pública del Ecuador cuenta actualmente con presencia en las 24 provincias, 192 puntos de atención, 84 consultorios jurídicos gratuitos acreditados, tres oficinas móviles y tres centros de mediación. Con 719 defensores públicos y ocho mediadores acreditados, en 2025 se registraron 367.607 atenciones a escala nacional, entre asesorías, patrocinios, servicios móviles y atención virtual.
Durante el último año se abrieron nueve nuevos puntos de atención, se fortaleció la cobertura en zonas fronterizas mediante cooperación binacional y se optimizó la accesibilidad en Quito con la reubicación estratégica de dependencias. Además, avanza la implementación de un protocolo de atención telemática para mejorar la asignación de defensores en territorio.
Uno de los ejes centrales fue la estrategia “Ruta de los Derechos”, que en 2025 llegó a 22 provincias, 88 cantones y 133 parroquias, superando las 5.000 atenciones directas. Este modelo prioriza sectores históricamente excluidos y marca un cambio estructural: la defensa pública se desplaza hacia donde está la necesidad jurídica.
En materia de movilidad humana, el programa “Justicia Lejos de Casa” permitió atender 129 casos de ecuatorianos en el exterior (123 asesorías y seis patrocinios), mediante orientación telemática y derivación a defensa técnica en Ecuador. La institución proyecta ampliar su alcance en países con mayor presencia de connacionales, como Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Argentina, así como fortalecer convenios bilaterales, entre ellos el suscrito con Colombia en zonas de frontera.
El defensor público habló de limitaciones presupuestarias —35 millones de dólares frente a mayores asignaciones de otros operadores del sistema de justicia— y señaló la necesidad de avanzar en la homologación salarial para garantizar igualdad material e independencia técnica de los defensores públicos.
Para 2026, aseguró que la meta institucional es ampliar la cobertura a las 24 provincias, 130 cantones y 193 parroquias, incorporando brigadas domiciliarias puerta a puerta en materias como alimentos, violencia intrafamiliar, laboral e inquilinato. “La defensa pública no puede ser una posibilidad; debe consolidarse como una garantía efectiva para todas y todos los ecuatorianos, dentro y fuera del país”, enfatizó Molares.
En la sesión presidida por el vicepresidente de la Comisión, el legislador Edwin Jarrín, se destacó el rol constitucional de la Defensoría Pública en la garantía del derecho a la defensa, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad que no pueden costear un abogado.
Por su parte, los asambleístas de la comisión se refirieron a la homologación salarial de los defensores públicos en comparación con otros operadores de justicia, teniendo en cuenta los principios de igualdad e independencia técnica. Asimismo, destacaron el programa “Justicia Lejos de Casa” y solicitaron información sobre sus resultados, los convenios internacionales y los mecanismos de cooperación, especialmente en los países con alta población migrante.
Finalmente, el asambleísta Mauricio Ordóñez anunció la presentación de un proyecto de ley para la protección y orientación jurídica de ecuatorianos en el exterior, comprometiendo trabajo conjunto con la Defensoría.
RSA
