La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó, con siete votos, el informe no vinculante sobre el Informe Anual de Labores 2025 presentado por la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), en cumplimiento de los artículos 204, 206 y 120 numeral 9 de la Constitución de la República.
El documento destaca que, durante 2025, la FTCS consolidó una gestión institucional articulada, planificada y ejecutada con apego al marco constitucional y legal vigente, fortaleciendo su rol como eje rector de la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción en el país.
Entre los principales resultados se resalta la implementación progresiva del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024–2028, la suscripción de convenios y cartas de adhesión interinstitucional, y la conformación de mesas de integridad con participación del sector público, privado, académico y social.
Un hito relevante fue el diseño e implementación del Sistema de Acompañamiento y Monitoreo, herramienta tecnológica que permite el seguimiento, evaluación y trazabilidad de las acciones del Plan Nacional, promoviendo decisiones basadas en evidencia y mayor transparencia en la gestión pública.
La Comisión valoró además el impulso a la participación ciudadana mediante talleres, espacios de diálogo y procesos de capacitación en ética, integridad y prevención de la corrupción en distintas regiones del país. En materia financiera, se destacó una ejecución presupuestaria eficiente y responsable por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación.
Durante el debate, se enfatizó que, en un contexto de alerta institucional reflejado en indicadores internacionales como el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y la calificación de libertades de Freedom House, la rendición de cuentas del denominado quinto poder del Estado debe sostener estándares altos de verificación y control.
Se recordó que la fiscalización no se limita a la revisión formal de informes, sino que exige evidencia verificable sobre el cumplimiento de metas, mecanismos de exigibilidad y resultados concretos en la prevención y combate a la corrupción.
La Comisión reafirmó que el fortalecimiento de la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas efectiva son condiciones indispensables para la recuperación de la confianza ciudadana y la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia. Tras la aprobación del informe, será remitido a la Presidencia de la Asamblea para que continúe con el trámite respectivo, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función legislativa.
RSA
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