La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, dentro del tratamiento y previo a la elaboración del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), calificado como urgente en materia económica, recibió aportes técnicos y jurídicos de autoridades y expertos.
Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, informó que, por disposición del Contralor General del Estado, se remitió a la Asamblea Nacional información técnica sobre las acciones de control ejecutadas y planificadas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que abarcan un universo de 3.412 entidades a nivel nacional, de las cuales 1.830 corresponden al sector seccional.
Detalló que entre enero de 2024 y febrero de 2026 se aprobaron 741 informes de control, de los cuales 206 contienen indicios de responsabilidad penal, lo que equivale a que una de cada cuatro auditorías evidenció posibles delitos contra la administración pública, concentrados principalmente en municipios. Las auditorías se enfocaron en contratación pública, talento humano, gestión de ingresos y cumplimiento de obligaciones para grupos de atención prioritaria, con énfasis territorial en provincias como Pichincha, Guayas y El Oro, donde se registra mayor volumen de informes y riesgos en la gestión pública.
Xavier Palacios señaló que la autonomía financiera de los GAD no es absoluta ni constituye un “cheque en blanco”, sino que debe ejercerse dentro del carácter unitario del Estado y en concordancia con la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo. Explicó que la descentralización implica la transferencia de competencias con recursos, sujetas a reglas y criterios objetivos definidos por la ley, como población, necesidades básicas insatisfechas, esfuerzo fiscal y cumplimiento de metas nacionales.
Recordó que la Constitución establece mínimos de asignación (15 % de ingresos permanentes y 5 % de no permanentes), pero faculta al legislador a regular la distribución por encima de esos umbrales. En este sentido, afirmó que el proyecto no vulnera la autonomía de los GAD, sino que incorpora una regla fiscal compatible con el marco constitucional y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Fernando Rojas indicó que la autonomía de los GAD, aunque reconocida constitucionalmente en los ámbitos político, administrativo y financiero, no es absoluta y su alcance se define en la ley. Añadió que puede ser ajustada mediante reformas legales sin vulnerar el orden constitucional, siempre que se respeten los mínimos establecidos. Precisó que la jurisprudencia constitucional dispone que los GAD se sujeten al marco general del Estado y al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que las reglas sobre el uso de recursos no afectan la descentralización, sino que introducen criterios de cumplimiento.
Sobre la calificación de urgencia económica del proyecto, sostuvo que corresponde al presidente de la República y que, conforme a los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la iniciativa cumple los requisitos al referirse a aspectos sustantivos de la política económica y fiscal y buscar el equilibrio de las finanzas públicas, la racionalización del gasto y la corrección de brechas en la provisión de servicios públicos.
Daniela Contento viceministra de Economía y Finanzas señaló que la reforma al COOTAD establece reglas fiscales claras y previsibles para racionalizar y hacer más eficiente el gasto de los GAD, con el objetivo de preservar recursos para inversión pública en salud, educación, vivienda y servicios básicos. Explicó que el nuevo texto aplica principalmente a municipios y prefecturas, incorpora lineamientos técnicos y un esquema progresivo de cumplimiento de la regla fiscal, con seguimiento desde diciembre de 2026.
Destacó que, pese al incremento de las asignaciones a los GAD que pasaron de cerca de USD 2.900 millones en 2023 a más de USD 3.200 millones en 2025, gran parte de los recursos se ha concentrado en gasto corriente, limitando la inversión en obra pública. Por ello, la regla busca corregir esta tendencia y asegurar que al menos el 70 % de los recursos se destinen a infraestructura y servicios, priorizando resultados y bienestar ciudadano, en el marco de una política de responsabilidad fiscal impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Edwin Sumba, subsecretario de Planificación subrayó que la planificación territorial de los GAD debe articularse obligatoriamente con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en cumplimiento de la Constitución y del marco legal vigente, para garantizar que los programas financiados con recursos públicos cuenten con objetivos, metas y plazos evaluables dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Agregó que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial constituyen instrumentos fundamentales para coordinar la acción pública en todos los niveles de gobierno nacional, provincial, cantonal y parroquial y asegurar la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. Enfatizó que los presupuestos institucionales y los planes operativos anuales deben alinearse con estos instrumentos, fortaleciendo los procesos de formulación, seguimiento y evaluación, como parte de un sistema orientado a resultados y al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales.
MEV
