La Comisión de Seguridad Integral, en modalidad virtual, avanzó en el tratamiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Interpretativa a la Disposición General Undécima de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que busca acoger a los militares retirados en 2019, 2020, 2021 y 2022. En este marco, recibió a Jessica Valencia, experta en Derecho Constitucional.
Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa continuó con el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional, iniciativa que recibió observaciones de delegados de los ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas.
En el pirmer tema, Valencia explicó que la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de interpretar las leyes con carácter general y obligatorio, pero únicamente para aclarar su sentido y alcance, sin que ello implique la creación de nuevas disposiciones. Recordó que la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas rige desde el 24 de enero de 2023, por lo que sus efectos se aplican a partir de esa fecha. En ese contexto, indicó que la disposición interpretativa analizada establece que el estímulo económico para el personal militar procede únicamente cuando la desvinculación del servicio activo ocurre después de la entrada en vigencia de la ley.
Mientras, en el análisis del proyecto orientado al fortalecimiento del sistema penitenciario intervino Luis Fernando Andrade, capitán de fragata y delegado del Comando Conjunto, quien presentó observaciones técnicas. Señaló que, conforme al artículo 158 de la Constitución, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna debe ser complementaria, extraordinaria y temporal. En ese sentido, advirtió que asignarles funciones permanentes en el ámbito penitenciario podría generar conflictos de competencias y una indebida militarización.
En este marco, propuso eliminar su participación directa en la coordinación operativa penitenciaria y precisar que su intervención se limite a apoyo complementario y subsidiario en situaciones de crisis que superen la capacidad de la Policía Nacional, con estricta sujeción a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, planteó ajustes técnicos al articulado para garantizar coherencia normativa, delimitar competencias institucionales y evitar una ampliación indebida de atribuciones militares.
Por su parte, Andrea Sánchez, subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó observaciones al proyecto de ley enfocadas en la sostenibilidad fiscal y en la correcta asignación de recursos públicos, conforme a la Constitución y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Señaló que la creación de una unidad de inteligencia penitenciaria debe definir claramente su fuente de financiamiento y delimitar adecuadamente sus competencias, recomendando su coordinación con el Ministerio del Interior como ente rector de la seguridad ciudadana.
Además, indicó que las actividades de formación, capacitación y creación de grupos especializados en el sistema penitenciario deben contar con recursos presupuestarios previamente asignados y, de ser posible, apoyarse en cooperación internacional y coordinación interinstitucional. También sugirió que la creación de carreras administrativas y de seguridad se articule no solo con el Ministerio de Trabajo, sino también con el ente rector de educación superior.
JC
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