Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, explicó las acciones emprendidas respecto de las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como sobre la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares atribuida a grupos de delincuencia organizada.
Durante su intervención, señaló que en el sistema de tránsito del Ecuador no hay espacio para la corrupción ni para la infiltración del crimen organizado. En ese contexto, precisó que, desde el primer día de su gestión, aplicó un principio no negociable de cero tolerancia a la corrupción, lo que implica decisiones firmes, auditorías exhaustivas, suspensión de accesos, denuncias formales y reestructuración institucional.
El secretario de Estado estructuró su exposición en tres ejes: acciones frente a entidades municipales encargadas del tránsito; medidas adoptadas ante presuntas emisiones ilegales de matrículas; y decisiones estructurales impulsadas desde el Ministerio.
En el primer eje, detalló las intervenciones realizadas en los cantones de Manta y Durán, ante indicios graves de irregularidades administrativas y posibles vínculos con estructuras criminales.
En el segundo eje, cuestionó la implementación del modelo de gestión de la competencia de tránsito por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. En este marco, se refirió al “caso Jaque”, en el que fueron detenidos varios exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Indicó que los hallazgos preliminares son graves y evidenciarían una posible manipulación de registros; la emisión de tres mil licencias profesionales en 2025 sin sustento; municipios con cifras desproporcionadas en transferencias y matrículas; así como una evaluación abierta a, al menos, 50 GAD en el ejercicio de la competencia de tránsito.
En relación con las acciones ministeriales, informó sobre la entrega de información técnica para contribuir a la investigación de los hechos; la coordinación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para la auditoría de seguridad de bases de datos; la solicitud de un examen especial a la Contraloría General del Estado; la articulación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional; y el requerimiento de análisis a la Unidad de Análisis Financiero y Económico respecto de personeros de la Agencia Nacional de Tránsito.
“No estamos enfrentando simples irregularidades administrativas; estamos enfrentando intentos de captura institucional por parte de estructuras criminales”, concluyó.
Estos y otros temas fueron ampliados por el ministro Luque al responder las consultas de varios legisladores de la mesa legislativa. Entre ellas, se abordó el ejercicio de las competencias de tránsito, que -según indicó- debe ser revisado por el Consejo Nacional de Competencias.
AM
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