En el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibió a Alfredo Espinoza, arzobispo de la Arquidiócesis de Quito y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y a Byron Vizcaíno, jefe jurídico de la Curia Metropolitana, quienes expusieron la problemática derivada de la imposibilidad de renovar contratos de comodato sobre bienes municipales utilizados con fines sociales y pastorales.
El arzobispo Espinoza explicó que, especialmente en el sur de Quito, numerosos terrenos municipales fueron entregados hace 25 y hasta 50 años en comodato para la construcción de templos y el desarrollo de obras sociales impulsadas por el padre José Carollo, entre otros sacerdotes. En estos espacios no solo funcionan iglesias, sino también comedores populares, centros de acogida, dispensarios médicos, programas de atención a mujeres, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, así como iniciativas educativas y de formación juvenil.
Más del 50 % de estos predios carecen actualmente de un instrumento jurídico vigente, debido a que los comodatos han caducado y a que la normativa y su reglamento prohíben a los municipios suscribir este tipo de contratos con instituciones de carácter religioso. Según Espinoza, esta restricción ha generado inseguridad jurídica e incluso amenazas de desalojo, pese a tratarse de espacios destinados al servicio comunitario.
Por su parte, Vizcaíno señaló que el problema no radica en la figura del comodato, sino en la falta de claridad normativa y en interpretaciones restrictivas derivadas del reglamento de bienes del sector público. Indicó que, de 130 predios vinculados a la Arquidiócesis de Quito, 102 son de propiedad municipal y más de la mitad no cuentan con un respaldo jurídico formal actualizado.
El planteamiento es que la reforma al COOTAD incorpore disposiciones que simplifiquen y clarifiquen los procedimientos para la suscripción de comodatos, convenios de uso u otras modalidades similares sobre bienes municipales destinados a actividades de interés social, cultural o comunitario, estableciendo parámetros objetivos de temporalidad, control y reversión, y manteniendo intacto el dominio estatal.
La Arquidiócesis de Quito reiteró que no recibe asignaciones de inversión social municipal y que su labor se sostiene en la gestión propia y el servicio comunitario. En ese contexto, solicitó a la Comisión que el informe para primer debate incorpore una regulación clara que permita renovar y suscribir comodatos cuando exista una finalidad social comprobable, bajo control técnico e institucional.
Varios asambleístas recordaron experiencias previas de regularización y donación de terrenos cuando los comodatos cumplieron su finalidad social, y resaltaron el rol histórico de la Iglesia en Galápagos en educación y acción social. Además, plantearon analizar si el comodato con fines sociales puede considerarse una forma de inversión social y si el marco normativo vigente reconoce esa dimensión.
RSA
