En la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero analizamos el proyecto de Ley del Plátano, una iniciativa que impacta directamente en miles de familias que dependen de esta actividad productiva.
Durante el debate, los productores alertaron sobre una problemática reiterada: la falta de control fitosanitario efectivo. La ausencia de supervisión técnica adecuada no solo pone en riesgo la productividad de los cultivos, sino también la calidad del producto y la competitividad en mercados nacionales e internacionales. Sin un sistema de control sólido, el sector enfrenta pérdidas económicas y mayor vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.
En este contexto, es indispensable que Agrocalidad cumpla de manera rigurosa su rol de control y acompañamiento técnico. No se puede exigir calidad y productividad a los productores si el Estado no garantiza asistencia técnica, vigilancia fitosanitaria y políticas claras para el sector.
Además, hemos planteado la necesidad de establecer un precio de sustentación justo. Los costos de producción han aumentado, y muchos pequeños y medianos productores enfrentan márgenes cada vez más reducidos. Un precio que no cubra los costos reales termina afectando la sostenibilidad del sector y debilitando la economía rural.
El proyecto de Ley del Plátano debe convertirse en una herramienta para ordenar el mercado, fortalecer la producción y garantizar condiciones equitativas para quienes trabajan la tierra. La defensa del sector platanero es también una defensa del empleo rural, de la soberanía alimentaria y del desarrollo productivo del país.
Seguiremos fiscalizando y proponiendo ajustes para que la normativa responda a la realidad del campo ecuatoriano y no se quede en declaraciones formales.
Asambleísta por Pichincha
