Frente a las noticias difundidas por distintos medios de comunicación sobre la aprobación de arroces genéticamente modificados por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el mecanismo denominado “edición génica”, es indispensable abrir un debate serio, técnico y jurídico.
La Constitución es clara en sus artículos 15 y 401 respecto a la prohibición de cultivos y semillas transgénicas, salvo las excepciones previstas en la propia norma suprema. Cualquier decisión administrativa que pueda contravenir este marco constitucional debe estar debidamente fundamentada y sustentada en criterios científicos y legales sólidos.
Ante esta situación, he solicitado información oficial detallada sobre:
El sustento legal que justificaría esta decisión frente a la prohibición constitucional vigente. No se trata de oponerse al avance científico, sino de garantizar que toda medida relacionada con la producción agrícola respete la Constitución, proteja la biodiversidad y salvaguarde la salud de la población.
La soberanía alimentaria implica la capacidad del país de decidir con responsabilidad sobre su modelo productivo, asegurando alimentos seguros y sostenibles para las futuras generaciones. Por ello, seguiremos fiscalizando con firmeza y exigiendo transparencia. La soberanía alimentaria no se negocia.
Asambleísta por Pichincha
