En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió a Pablo Iturralde, investigador y analista en estadística y políticas públicas, quien presentó un análisis sobre los riesgos estructurales de explotación laboral en las cadenas de valor productivas.
Durante su intervención, Iturralde explicó que el enfoque de cadena de valor permite ampliar la comprensión de fenómenos como el trabajo forzoso, la trata de personas o el trabajo infantil, al evidenciar que estos no siempre se originan únicamente en conductas individuales de un empleador, sino también en estructuras económicas y comerciales que pueden facilitar condiciones de explotación.
“Muchas veces el debate público se concentra únicamente en el empleador, como si el problema surgiera de una voluntad individual desviada, cuando en realidad existen arreglos económicos, comerciales y territoriales que pueden reproducir estas condiciones”, indicó.
El investigador explicó que en las cadenas agroexportadoras intervienen múltiples eslabones que incluyen producción, acopio, transporte, procesamiento, comercialización y exportación, además de intermediarios formales e informales. En este contexto, advirtió que las presiones económicas dentro de la cadena pueden provocar que los costos y riesgos se transfieran, especialmente, a trabajadores y comunidades.
Iturralde mencionó como ejemplo el caso de las cadenas del abacá en Ecuador, donde la demanda internacional se concentra en cuatro países: Reino Unido, Filipinas, Japón y España, lo que otorga a los compradores mayor capacidad de presión sobre los precios y las condiciones de producción. Según explicó, cuando los precios internacionales disminuyen, estas presiones pueden trasladarse hacia las condiciones laborales en los territorios, generando fenómenos como jornadas extensas, pagos poco transparentes, intermediación irregular o falta de afiliación a la seguridad social.
También destacó que este análisis permite pensar en una regulación con enfoque preventivo, no solo sancionador. “El objetivo es identificar dónde intervenir antes de que el daño esté consolidado o judicializado”, afirmó, y subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre las autoridades laborales, el sistema de justicia, las instituciones de protección social y la presencia territorial del Estado.
Iturralde planteó, además, la necesidad de avanzar en mecanismos de trazabilidad y responsabilidad en las cadenas de suministro, así como en una mayor articulación institucional que permita detectar tempranamente situaciones de riesgo.
MEV
