Tras la información difundida por el medio Plan V sobre la entrega de más de 3.000 kits en la parroquia San Miguelito, en el cantón Píllaro, he solicitado explicaciones formales al Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador para esclarecer el origen y la legalidad de esta actividad.
Según lo revelado, los kits habrían incluido relojes, zapatillas y prendas de vestir, y existirían denuncias de que algunos beneficiarios fueron obligados a asistir al evento bajo la amenaza de una multa de 10 dólares. Estos hechos generan serias dudas sobre el manejo de recursos y el uso de programas sociales.
Frente a esta situación, he solicitado al ministro información detallada sobre varios puntos clave. En primer lugar, que se aclare si los kits fueron adquiridos directamente por el ministerio y, de ser así, con qué recursos públicos se realizó la compra. En caso de tratarse de donaciones, se ha pedido que se identifique a los donantes y se presenten los documentos que respalden dichas entregas.
También se ha requerido la entrega de los convenios, actas de recepción y actas de entrega relacionadas con estos kits, así como el listado completo de asistentes y beneficiarios del evento. Asimismo, se ha solicitado que se explique bajo qué competencia institucional el ministerio estaría ofreciendo o promoviendo sistemas de riego, un tema que no forma parte de sus atribuciones directas.
Adicionalmente, he solicitado a la Contraloría General del Estado del Ecuador la realización de un examen especial que permita verificar el manejo de recursos y determinar si existieron irregularidades.
Las políticas sociales deben estar orientadas a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población, no a generar prácticas que puedan interpretarse como clientelismo. La ciudadanía merece transparencia y una gestión pública responsable.
Asambleísta por Pichincha
