El Pleno de la Asamblea Nacional, con los votos del oficialismo, decidió no dar paso a mi propuesta de fiscalización sobre el otorgamiento de las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes que no concluyeron su mandato.
Esta decisión abre una seria interrogante sobre el compromiso real de la Función Legislativa —y particularmente de la bancada oficialista— con la transparencia y el control en el uso de recursos públicos.
Fiscalizar no es un acto político sino un deber : el país necesita saber si los beneficios se conceden conforme a la ley y si el presupuesto público se administra con responsabilidad. Negarse a revisar estos temas envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y debilita la confianza en nuestras instituciones.
Seguiré impulsando el control político y la rendición de cuentas porque los recursos del Estado pertenecen a todos los ecuatorianos y deben manejarse con transparencia y justicia.
Asambleísta por la provincia de Manabí
