En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presentaron sus observaciones ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos humanos en la normativa.
En representación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Doménica Guevara señaló que el proyecto constituye un avance importante para la regulación de estas técnicas en el país; sin embargo, identificó aspectos que requieren ajustes para reforzar la claridad normativa, la coherencia del articulado y su armonización con los estándares constitucionales y de derechos humanos.
Entre las recomendaciones se plantea reforzar de manera explícita el enfoque de derechos humanos en la estructura general de la ley, incorporando de forma transversal los enfoques de género e interseccionalidad, así como garantizar el reconocimiento de la autonomía y la libertad reproductiva.
También se sugirió sistematizar la identificación de los sujetos que intervienen en estos procesos —personas solicitantes, personas nacidas mediante estas técnicas, donantes, personal de salud y diversas configuraciones familiares— para reconocerlos claramente como sujetos de derechos y evitar ambigüedades en la aplicación de la norma.
El análisis del articulado evidencia avances en la protección de derechos, como la garantía de una atención libre de discriminación y violencia —incluida la violencia gineco-obstétrica—, el consentimiento libre e informado, la confidencialidad de la información y el acompañamiento médico y psicológico durante los procedimientos. No obstante, se recomendó revisar disposiciones que podrían limitar la autonomía reproductiva, como la exigencia del consentimiento del cónyuge o de la pareja para que una mujer casada o en unión de hecho acceda a estas técnicas.
Por su parte, Maribel Muñoz Reynoso, directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, indicó que las observaciones institucionales se sustentan, entre otros insumos, en el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas (2025), el cual analiza los riesgos de vulneraciones de derechos en el contexto de la reproducción humana asistida.
Indicó que el documento advierte posibles afectaciones a la autonomía, al consentimiento informado, a la integridad corporal y a la salud reproductiva de las mujeres, así como riesgos de explotación, trata o conflictos de filiación en determinados contextos. En ese marco, recomendó fortalecer el proyecto de ley con disposiciones que prevengan cualquier vulneración de derechos, especialmente de mujeres y niñas.
Asimismo, planteó analizar con mayor detalle la regulación de la participación de madres gestantes o sustitutas en estos procesos, establecer criterios médicos y de edad mínima, y revisar las disposiciones relacionadas con compensaciones económicas a donantes, a fin de garantizar que la donación mantenga su carácter gratuito y evitar posibles incentivos que generen situaciones de explotación.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Juan José Reyes, precisó que el informe para primer debate del proyecto de ley prohíbe la gestación subrogada en el Ecuador, razón por la cual esta figura no se desarrolla en el articulado. No obstante, destacó la importancia de las observaciones para enriquecer el debate legislativo.
RSA
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