La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una iniciativa orientada a mejorar la seguridad, la gestión y el control en los centros de privación de libertad del país.
La sesión se desarrolló este miércoles 11 de marzo en la Universidad ECOTEC, en la provincia del Guayas, en el marco del tratamiento de la propuesta que busca modernizar el sistema penitenciario ecuatoriano mediante reformas legales que permitan enfrentar de manera más efectiva la crisis carcelaria, fortalecer la institucionalidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y rehabilitación social.
Durante la sesión se incorporó una observación planteada por el vicepresidente de la Comisión, Andrés Castillo, relacionada con la implementación de políticas públicas de trabajo interno para las personas privadas de libertad. Estas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses, conforme a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación.
La moción para aprobar el informe fue presentada por el legislador Mario Zambrano, quien señaló que el país enfrenta una problemática que requiere respuestas firmes y urgentes para fortalecer el sistema carcelario. Destacó que la aprobación del informe constituye un paso importante para la seguridad nacional y para recuperar el control del sistema penitenciario.
El legislador indicó que el trabajo de las personas privadas de libertad debe formar parte del proceso de rehabilitación, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas y avanzar hacia una reinserción social efectiva. Además, señaló que con esta normativa se busca debilitar el poder de los grupos de delincuencia organizada dentro de las cárceles, evitando que los cabecillas utilicen los centros penitenciarios para dirigir actividades delictivas.
Entre los principales ejes de la iniciativa se destacan el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria mediante mejoras en la infraestructura de los centros de privación de libertad y la implementación de sistemas de control más rigurosos; la profesionalización y fortalecimiento del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria; y el mejoramiento de la organización y clasificación de las personas privadas de libertad, estableciendo criterios de segregación según niveles de peligrosidad y perfiles criminológicos.
La propuesta también plantea la incorporación de herramientas tecnológicas y de gestión para optimizar el control interno, la seguridad y la administración del sistema penitenciario, así como el fortalecimiento de las políticas de rehabilitación social para promover la reinserción de las personas privadas de libertad y reducir los índices de reincidencia.
Durante varias sesiones, la Comisión de Seguridad Integral socializó, analizó y debatió el proyecto de ley, además de recibir observaciones y aportes de asambleístas, instituciones públicas, especialistas y representantes de la sociedad civil, los cuales fueron revisados e incorporados en el informe para segundo debate.
La presidenta de la mesa, Inés Alarcón, señaló que con esta reforma se establece que las personas privadas de libertad deben trabajar para cubrir sus necesidades básicas y que se busca terminar con el control de grupos de delincuencia organizada dentro de las cárceles, evitando que los cabecillas mantengan privilegios o utilicen los centros penitenciarios como plataformas para delinquir. “No nos ponemos del lado de los delincuentes; trabajamos a favor y en pro de los ecuatorianos de bien”, enfatizó.
JC
