He presentado 70 pedidos de información dirigidos a distintas instituciones del Estado para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con el uso de bienes incautados que habrían sido utilizados en la entrega de kits solidarios durante el periodo electoral.
Los cuestionamientos están dirigidos principalmente al actual ministro Harold Burbano, quien debe explicar al país el destino y el uso de recursos públicos vinculados a la entrega de más de 300.000 bienes provenientes de 23 contenedores entregados por la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Según la información disponible, estos bienes —incautados por contrabando o fraude tributario— habrían sido utilizados para conformar kits solidarios distribuidos en diferentes territorios del país, lo que ha generado dudas sobre los procedimientos aplicados, los criterios de entrega y la trazabilidad de los artículos.
Los pedidos de información buscan esclarecer varios aspectos clave:
Al Ministerio de Desarrollo Humano del Ecuador:
Se solicita explicar el origen, los informes técnicos y el listado de beneficiarios de los más de 300.000 bienes recibidos, así como justificar el destino específico de cada uno de ellos. Entre los artículos identificados existen bienes que no guardan relación evidente con asistencia social, como herramientas industriales, equipos y otros insumos.
A la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:
Se requiere información sobre el origen de los bienes, la cadena de custodia y el cumplimiento de los procedimientos legales para la adjudicación de los 23 contenedores entregados a la institución.
Al Consejo de la Judicatura (Ecuador):
Se solicita aclarar si la institución fue notificada sobre la entrega de estos bienes, a qué procesos judiciales corresponden y si se trata de bienes incautados que cuentan con sentencia ejecutoriada.
Al Consejo Nacional Electoral (Ecuador):
Se ha requerido información para determinar si existió autorización para la realización de actos públicos vinculados con la entrega de estos kits durante el periodo electoral, y bajo qué fundamento legal se habría permitido este tipo de actividades.
El objetivo de estos pedidos es garantizar transparencia en el uso de los bienes públicos y determinar si se cumplieron los procedimientos legales correspondientes.
La ciudadanía merece conocer con claridad cómo se administran los recursos del Estado, quién autorizó su utilización y bajo qué criterios se distribuyeron. La fiscalización continuará hasta que estas preguntas tengan respuestas claras y documentadas.
Asambleísta por Pichincha
