He solicitado información oficial al Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador respecto a una norma emitida recientemente que permitiría al Estado cancelar obligaciones mediante la entrega de bienes inmuebles, como edificios o terrenos.
Esta medida ha generado preocupación debido a sus posibles implicaciones para las finanzas públicas y por el momento en que se adopta, a pocas semanas de un proceso electoral.
Por ello, he requerido que el Ministerio explique con claridad varios aspectos fundamentales relacionados con esta disposición.
En primer lugar, se ha solicitado aclarar si este mecanismo se utilizará para pagar deudas con proveedores del Estado, incluidos servicios hospitalarios externos, gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades que mantienen obligaciones pendientes con el Estado.
Asimismo, se ha pedido información sobre las razones que llevaron al Gobierno a recurrir a este mecanismo extraordinario para cubrir sus obligaciones, así como las condiciones bajo las cuales se aplicaría esta modalidad de pago.
También se ha solicitado el detalle de qué instituciones o carteras de Estado prevén cubrir sus deudas mediante la entrega de bienes inmuebles, además del monto total estimado de las obligaciones que se pagarían bajo este esquema.
Este tipo de decisiones requiere transparencia y claridad, ya que involucra patrimonio del Estado que pertenece a todos los ecuatorianos. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están manejando las finanzas públicas y cuáles son las medidas que el Gobierno está adoptando para enfrentar sus compromisos económicos.
La fiscalización continuará con el objetivo de garantizar transparencia en la gestión de los recursos públicos y evitar que decisiones administrativas afecten el patrimonio del Estado o el cumplimiento adecuado de sus obligaciones financieras.
Asambleísta por Pichincha
