Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó la resolución mediante la cual resolvió iniciar un proceso de fiscalización y control político respecto de las operaciones de endeudamiento externo contraídas por el Estado ecuatoriano entre enero de 2018 y febrero de 2026. El proceso también abarcará los tratados bilaterales de inversión (TBI) y los acuerdos de comercio recíproco suscritos o gestionados por el Gobierno Nacional durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026.
La fiscalización analizará, entre otros aspectos, la identificación de las operaciones de endeudamiento externo realizadas en el tiempo señalado, incluyendo montos, acreedores, condiciones financieras, destino de los recursos, mecanismos de aprobación, reestructuración, reembolso o refinanciamiento, dentro del marco constitucional y legal aplicable. Asimismo, se evaluarán los impactos macroeconómicos, fiscales y presupuestarios derivados de estas operaciones y su incidencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De igual manera, el proceso examinará los tratados bilaterales de inversión y acuerdos de comercio recíproco negociados o suscritos durante el periodo 2024-2026, con el fin de analizar sus efectos en la atracción de inversiones, el comercio exterior, la producción nacional, la competitividad, la seguridad jurídica, la soberanía regulatoria del Estado y la eventual exposición del país a mecanismos de resolución de controversias internacionales.
La resolución dispone que, para el desarrollo del proceso de fiscalización, la Presidencia de la Comisión, a través de la Secretaría Relatora, requiera información y convoque a comparecencias, de ser el caso, a autoridades y exautoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Ecuador, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Procuraduría General del Estado, del Comité de Comercio Exterior, de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y de las demás instituciones relacionadas con la materia de análisis.
Entre la información que se solicitará constarán contratos, convenios, adendas, informes técnicos, dictámenes, resoluciones, matrices de negociación, análisis de impacto económico y fiscal, criterios jurídicos, cronogramas, memorias técnicas y demás documentación de respaldo vinculada tanto a las operaciones de endeudamiento externo como a los tratados bilaterales de inversión y acuerdos de comercio recíproco.
La resolución también establece que su contenido sea notificado, a través de la Secretaría Relatora de la Comisión, al presidente de la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y a las presidencias de las demás comisiones especializadas permanentes, para efectos de coordinación institucional.
Conocimiento de reforma a la Ley de Transporte
En otro punto del orden del día, la Comisión avocó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentado por la asambleísta Noemí Cabrera y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el propósito de iniciar su tratamiento legislativo.
Durante la sesión, la mesa legislativa resolvió unificar esta iniciativa con el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que actualmente se encuentra en tratamiento para segundo debate, a fin de optimizar el análisis legislativo y concentrar las propuestas en una sola discusión normativa.
MEV
