En el marco de la sesión de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, se analizaron varios casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos en el ámbito de la educación superior, tanto en crédito educativo como en la obtención de títulos de cuarto nivel.
En primer lugar, compareció la arquitecta Karla Tamayo, quien expuso la situación que enfrenta debido a un crédito educativo adquirido en 2014, actualmente en fase coactiva y con procesos de embargo. Señaló que accedió al financiamiento a través del Banco del Pacífico, bajo la premisa de que se trataba de un crédito con fondos públicos. Indicó que, pese a haber culminado sus estudios y cumplir con pagos durante varios años, la deuda se incrementó.
Tamayo manifestó la falta de apertura para establecer acuerdos de pago viables, así como condiciones económicas que calificó como inaccesibles. Su defensa legal, señaló posibles inconsistencias en el proceso crediticio, como la falta de claridad sobre el origen de los fondos, la inadecuada imputación de pagos al capital y cobros elevados por honorarios legales sin notificación oportuna.
Frente a este caso, representantes del Ministerio de Educación informaron que el crédito fue otorgado con recursos del extinto Instituto de Fomento al Talento Humano, mediante un convenio suscrito con el Banco del Pacífico en 2013, entidad que asumió la administración y recuperación de la cartera. Confirmaron además que la beneficiaria obtuvo su título profesional en 2018 y que la gestión de la deuda corresponde actualmente a la entidad financiera.
En este contexto, los miembros de la Comisión observaron posibles fallas en la coordinación institucional y en el seguimiento de los créditos educativos financiados con recursos públicos. Por ello, solicitaron la certificación del origen de los fondos, las condiciones de administración y la elaboración de una hoja de ruta que permita identificar soluciones para la afectada y casos similares.
Presunta estafa en programas de cuarto nivel
En un segundo punto, la mesa escucuchó a Daniela Franco, exestudiante de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL), quien denunció una presunta estafa que habría afectado a más de 400 profesionales del sector educativo, que pagaron entre 4.000 y 4.500 dólares por programas de cuarto nivel que no se concretaron conforme a lo ofrecido, lo que impidió el registro y la validación de los títulos.
El Ministerio de Educación aclaró que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado, y que el rol del Estado se limita al análisis y registro de títulos extranjeros, conforme a la normativa vigente, a través de la Senescyt. Respecto a UNIVAL, se informó que algunos títulos fueron registrados en cumplimiento de una sentencia judicial emitida en 2023, posteriormente revocada en segunda instancia, lo que ha derivado en procesos de anulación.
Asimismo, se confirmó que esta universidad no cuenta con acreditación en Nicaragua, lo que impide el reconocimiento de sus títulos en Ecuador.
Por su parte, el Consejo de Educación Superior (CES) indicó que, tras la comunicación remitida desde la Asamblea Nacional, se dispuso a su instancia de monitoreo realizar un análisis dentro de sus competencias, con el objetivo de identificar posibles riesgos o irregularidades que pudieran afectar al sistema. Además, señaló que en casos donde empresas o personas naturales ofertan programas educativos sin regulación, se pueden articular acciones con otras entidades de control, como la Superintendencia de Compañías.
Finalmente, la representante de la Fiscalía General del Estado informó que existe una investigación previa en curso, por lo que no es posible divulgar detalles, aunque se continúan realizando diligencias dentro del marco legal.
La Comisión reiteró su compromiso de dar seguimiento a estos casos, con el fin de garantizar la transparencia, la protección de derechos y el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior.
JC
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