Detrás de esta propuesta hay una preocupación legítima: la protección de los ahorros de los afiliados y jubilados. El BIESS ha sido un pilar clave para el acceso a vivienda, emprendimientos y seguridad económica, por lo que cualquier reforma debe ser transparente, debatida y pensada en beneficio de la ciudadanía, no de intereses particulares. La defensa de este patrimonio colectivo es también la defensa de la estabilidad y dignidad de millones de ecuatorianos.