Este criterio no es solo un tema de forma, sino de responsabilidad institucional. Garantizar que estos debates se desarrollen en el espacio adecuado permite un análisis técnico, transparente y enfocado en proteger los derechos de los afiliados y jubilados. La seguridad social no puede ser tratada de manera improvisada ni dispersa; requiere seriedad, especialización y un compromiso firme con el bienestar de millones de trabajadores y sus familias.