Hoy, en el marco de la SESIÓN No. 080-AN-2025-2029, intervine en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el tratamiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia en Ecuador, un tema profundamente humano que nos interpela no solo como legisladores, sino como sociedad.
Mi posición parte de una convicción clara: este no es únicamente un debate jurídico o médico, sino un acto de respeto a la dignidad humana. Si bien la ciencia ha permitido prolongar la vida, también nos obliga a reflexionar con honestidad sobre los límites entre preservar la vida y extender el sufrimiento. Cuando la medicina deja de aliviar y comienza a prolongar la agonía, es nuestro deber abrir espacios de discusión responsables, éticos y profundamente empáticos.
Tras la despenalización de la eutanasia en febrero de 2024, el país dio un paso importante. Sin embargo, aún enfrentamos un escenario incompleto. La falta de una ley clara ha generado incertidumbre tanto en pacientes como en profesionales de la salud. Hoy existen vacíos que se traducen en desconocimiento, estigmas sociales y debilidad institucional para garantizar un derecho que debe ser tratado con urgencia y sensibilidad.
Recordé en mi intervención un hecho que marcó al país: la primera eutanasia practicada en Ecuador, el 8 de mayo de 2025. Más allá del precedente, no podemos ignorar el camino previo: meses de espera, trámites y dolor innecesario. Esto nos obliga a preguntarnos si el Estado está realmente acompañando a quienes atraviesan momentos tan difíciles.
Este proyecto de ley, que unifica varias iniciativas, responde a una realidad que no podemos seguir postergando. Está orientado a regular casos específicos como enfermedades terminales, padecimientos neurodegenerativos o situaciones de deterioro irreversible, donde la calidad de vida se ha visto profundamente afectada.
Desde mi perspectiva, la normativa debe construirse sobre pilares fundamentales: protocolos claros y seguros, procesos ágiles que respeten el tiempo del paciente, formación adecuada para el personal médico y garantías de consentimiento informado, libre y consciente.
No estamos legislando para promover la muerte, sino para evitar el sufrimiento innecesario. Estamos legislando para personas reales, con historias, familias y contextos que merecen ser atendidos con humanidad.
Vivir con dignidad también implica poder decidir sobre el final de la vida en condiciones extremas. Por ello, hago un llamado a que este debate se asuma con responsabilidad, empatía y respeto por la autonomía individual.
Legislar sobre este tema es, en esencia, legislar por la compasión, la libertad y la dignidad humana.
Soy María del Cisne Molina, asambleísta por la provincia de Pichincha para el período 2025–2029. Asumí este compromiso con la convicción de que la política debe volver a ser un espacio de servicio. Creo en la cercanía con la gente, en el diálogo y en la necesidad de construir desde la realidad de quienes más lo necesitan.
Nací el 31 de agosto de 1985 en el cantón Sígsig, provincia del Azuay, pero fue en Cotocollao, al norte de Quito, donde crecí y formé mi carácter. Mi madre, como muchas mujeres ecuatorianas, tomó la decisión de migrar a la ciudad para buscar un mejor futuro para nuestra familia. Desde muy joven trabajé a su lado y aprendí que la perseverancia es la clave para superar cualquier dificultad.
Esa experiencia marcó mi vida. Crecí viendo el esfuerzo diario de las familias trabajadoras y comprendí que la justicia social no es un ideal lejano, sino una necesidad que se construye con oportunidades reales.
Estudio Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde actualmente curso el sexto semestre. Desde el año 2018 me desempeño en el área de Derecho Administrativo, con experiencia en procesos coactivos, y he brindado asesorías y charlas legales para apoyar a personas que enfrentan problemas sin tener acceso a información o respaldo jurídico. Estoy convencida de que el conocimiento tiene sentido solo cuando se comparte.
Mi paso hacia la política nace de esas vivencias. Sé lo que es sentirse sin respaldo y por eso quiero representar a quienes no tienen voz. Aspiro a ser una legisladora cercana, que escuche, acompañe y trabaje en soluciones reales para la ciudadanía.
Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, el país enfrenta el reto de recuperar la confianza y avanzar hacia un desarrollo más justo. Desde la Asamblea Nacional aportaré a ese propósito, impulsando leyes que fortalezcan los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de los pequeños comerciantes, sectores que sostienen gran parte de la economía nacional.
Mi historia está profundamente ligada al ejemplo de mi madre y de tantas mujeres ecuatorianas que luchan sin descanso por sus familias. A ellas les debo mi convicción de servicio y mi compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad.
