En el informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, se recomendó su archivo, aludiendo que la prevención de la esclavitud moderna sería un “gasto” para el Estado. No compartimos esa postura. La dignidad humana jamás puede considerarse un costo prescindible.
Archivar este proyecto de ley, es darle la espalda a las víctimas que aún enfrentan las consecuencias de la esclavitud moderna en el Ecuador. Resulta inconcebible que no se haya escuchado en la Comisión a las víctimas de Furukawa, quienes llevan años esperando justicia y garantías reales de no repetición.
Archivar una ley no archiva el problema.
Cuando la protección de derechos se ve como un gasto, la impunidad se convierte en política.