El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 112 votos, el proyecto de reforma a varios artículos del Código Ingenios con la finalidad de crear un régimen especial de refinanciamiento y facilidades de pago a las y los deudores de créditos educativos.
El proyecto, impulsado por la legisladora Jahiren Noriega, de la Comisión de Educación y ponente del informe, busca convertirse en un alivio económico definitivo para más de 6 000 jóvenes deudores que, “intentando cumplir sus sueños, han terminado viviendo una pesadilla por las altas tasas de interés, falta de empleo y procesos coactivos que les han impedido honrar dignamente su deuda”.
“A diciembre del 2023, son 6 171 las operaciones de crédito vencidas, con un total de 73 millones de dólares adeudados”, amplió la legisladora.
Asimismo, destacó que la ley incrementa, de 24 a 240 meses, el plazo para el pago de deudas entre 1 y 55 mil dólares y de USD 55 mil en adelante, mediante cuotas accesibles y con un interés máximo del 5.49 %, valor referencial que el Banco Central del Ecuador establece para créditos de tipo educativo.
“Para recuperar las oportunidades de empleo para los deudores, la ley dispone el levantamiento de impedimentos para ejercer cargo público a los deudores y sus garantes”, detalló. El articulado también dispone la creación de un visualizador digital de las operaciones de crédito que permitirá a las y los deudores verificar en tiempo real la información de su deuda.
Durante el debate, Zolanda Plúas, quien preside la Comisión de Educación, profundizó en la necesidad de contar con un alivio económico para esta población, ya que según dijo “más del 47 % de la cartera vencida corresponde a créditos impagos hace más de 5 años y 30 % de los deudores viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, para los que se amplía la facilidad de pago hasta los 360 meses”.
Por otro lado, Gissela Garzón aseveró que “es deber del Parlamento brindar soluciones para dignificar la vida, mientras cumplen sus obligaciones de deudores, a esos hijos e hijas que la pobreza pretendía condenar a no pisar una escuela, colegio o universidad”.
Por último, la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, señaló que “hoy, la Asamblea Nacional le dice sí a los jóvenes y les otorga un alivio económico definitivo, una nueva oportunidad para buscar mejores días en nuestro Ecuador”.
Comisión general
Previamente, en comisión general, Carla Tamayo, una de las afectadas por deudas de créditos educativos, dijo llevar 10 años intentando pagar su deuda; sin embargo, debido a las acciones de coactiva, se ha visto impedida de conseguir un empleo que le permita hacerlo. “Mis cuotas de pago superaban los 900 dólares, mi deuda se volvió impagable y mis padres, mis garantes, ahora se encuentran en peligro de perder su hogar, por haber ayudado a su hija a cumplir sus sueños”.
Un caso similar fue escuchado en el Pleno, Miriam Ordóñez, madre de un estudiante afectado, dijo, entre lágrimas, que su deuda de 48 mil dólares, a causa de los altos intereses, se ha duplicado alcanzando actualmente los 100 mil dólares, por lo que solicitó a los asambleístas aprobar esta ley y darle una nueva oportunidad de vivir dignamente.
Jahiren Elizabeth Noriega Donoso nació en Quito el 28 de septiembre de 1997. A sus 28 años, se ha consolidado como una de las voces jóvenes de la política ecuatoriana, convencida de que la política es una herramienta para transformar realidades con sensibilidad, firmeza y compromiso social.
Formada en instituciones públicas, su liderazgo surgió desde temprana edad. En 2014 fue elegida presidenta del consejo estudiantil de su colegio en la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcazar, cargo que asumió tras ganar una acción de protección, marcando el inicio de su trayectoria en la defensa de derechos.
Es socióloga por la Universidad Central del Ecuador, donde también destacó como dirigente estudiantil, especialmente durante las movilizaciones de 2019 en defensa de la educación pública.
En 2022 asumió como asambleísta por Pichincha y actualmente integra la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Su trabajo legislativo y de fiscalización se ha enfocado en la defensa de los derechos de jóvenes, estudiantes y sectores vulnerables.
Entre sus principales iniciativas destaca la Ley de Alivio Financiero para Jóvenes, aprobada por unanimidad en la Asamblea, así como acciones de fiscalización en temas de educación, becas y sistema de salud.
