Comparto mi intervención durante el segundo debate legislativo, donde expuse las deficiencias del proyecto de reforma y propuse un enfoque integral que incluya la realidad territorial y climática.
Durante mi intervención, fui clara: la reforma propuesta se limita a cambios parciales y no aborda los problemas estructurales de la gestión territorial y los recursos. Nos estamos quedando en la superficie de un tema vital para el país.
Señalé con preocupación que la ley carece de instrumentos efectivos para frenar la especulación de la tierra y detener la expansión descontrolada de la mancha urbana. No podemos seguir planificando sin un control real del suelo.
Mitos punitivos y conflicto de interés en la SOT:
Exigencia Ambiental Irrenunciable:
No podemos hablar de planificación territorial sin considerar el cambio climático. Exigí que la reforma incluya variables climáticas *obligatorias* en la planificación para prevenir riesgos y desastres de manera efectiva.
Mi compromiso no termina con la crítica. Concluí mi intervención anunciando que presentaré observaciones formales a la comisión para mejorar este marco normativo. ¡Por una planificación territorial justa, segura y sostenible!
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
