La aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de Reforma Parcial al Art. 5 de la Constitución representa un grave riesgo para nuestra soberanía nacional. No podemos ceder ante la demagogia.
El Artículo 5 de nuestra Constitución es absolutamente claro: Ecuador es un país de paz. Como legisladora y como ciudadana, sostengo firmemente que no podemos permitir que se nos arrastre a conflictos ajenos ni mucho menos aceptar la instalación de fuerzas extranjeras en nuestro territorio.
La memoria histórica y los datos hablan: Traer soldados extranjeros NO es la solución. Cuando existía la base militar en Manta, los índices reflejaron que hubo más muertes violentas, no menos. Ceder nuestra soberanía nunca ha sido sinónimo de paz.
La demagogia intenta convencernos de que la militarización extranjera es una solución mágica, pero la verdadera seguridad, la que dura y protege a las familias, se logra fortaleciendo al Estado, no debilitándolo. La seguridad real se construye con:
Sabemos lo que sí funcionó en el pasado: instituciones fuertes y un sistema de justicia al servicio de la gente. Esa fórmula llegó a reducir la violencia hasta en un 50% en nuestro país. No retrocedamos.
Hago un llamado a defender nuestra Constitución, nuestra soberanía y, sobre todo, nuestro derecho inalienable a vivir en paz.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.