La conectividad de nuestra provincia no puede depender de la improvisación y la falta de presupuesto. Fiscalizamos la capacidad de respuesta del Estado ante las emergencias viales y los resultados son alarmantes.
Nuestra provincia de Loja enfrenta constantes desafíos y emergencias en sus vías, afectando directamente a nuestros productores, transportistas y familias que necesitan moverse con seguridad. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Central sigue siendo deficiente.
Según el propio reporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de solo 30 máquinas registradas para toda la provincia de Loja, apenas 17 están operativas para atender las emergencias viales.
Tener casi la mitad de la maquinaria dañada o inoperativa en medio de las necesidades viales que tiene el sur del país es una muestra clara de negligencia. No podemos permitir que la desatención institucional condene al aislamiento a nuestros cantones y parroquias.
Desde mi despacho, exijo a las autoridades competentes del MTOP que asignen de manera urgente los recursos necesarios para el mantenimiento y adquisición de maquinaria nueva. La conectividad es sinónimo de desarrollo y Loja merece vías dignas y atención oportuna. ¡Nuestra labor de fiscalización no se detiene!
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
